Los presos de ETA reconocen el daño causado y aceptan una salida individual y escalonada

Mediante un comunicado de dos folios enviado a Naiz.info, y acompañado de un vídeo en el que se escucha a Marixol Iparragirre, una de las portavoces del EPPK, leyendo el comunicado, los reclusos de ETA responden de esta manera al emplazamiento realizado por el Foro Social, plasmado en una serie de recomendaciones dadas a conocer el pasado mes de marzo. A partir de entonces, el colectivo de presos abrió un debate en las cárceles que ha culminado con el comunicado enviado ayer en el que dan por buenos los apartados del foro concerniente a los presos, en los que, entre otras cosas, se habla del reconocimiento del daño causado, una solución escalonada, individual y en un tiempo prudencial y el compromiso a un futuro de paz renunciado a las vías violentas.

El posicionamiento de los presos llega apenas cinco días después de que el Foro Social anunciara la creación de un grupo de trabajo en el que se encontraban, entre otros, la jueza Garbiñe Biurrun y el exdecano del Colegio de Abogados de Bizkaia, Nazario Oleaga, con el fin de impulsar un proceso de paz que consideraban que se encuentra estancado.

En el comunicado, que según el EPPK está dirigido a "la ciudadanía vasca y sus distintos agentes, así como a cuantos en el ámbito internacional han mostrado responsabilidad para la resolución del conflicto", los presos de ETA reconocen "con toda sinceridad el sufrimiento y daño multilateral generados como consecuencia del conflicto", lo que estaba recogido en el apartado quinto de las recomendaciones del Foro Social. Asimismo, reconocen el nuevo escenario surgido en Euskadi tras el anuncio de ETA del fin de su actividad armada -producido el 20 de octubre de 2011- y aseguran en este sentido que en adelante "en pro de la libertad de Euskal Herria" utilizarán "vías y métodos políticos democráticos de acuerdo con las decisiones que se han tomado en ese sentido".

La renuncia a la actividad violenta queda aún más patente en el hecho de que expresan su negativa al empleo del "método utilizado en el pasado para hacer frente a la imposición, represión y vulneración de derechos". "Nuestro compromiso con el nuevo escenario es absoluto y nos reafirmarnos en nuestra decisión de fortalecerlo y consolidarlo", apostillan.

Solución escalonada Otro apartado clave del documento hace referencia a lo que los presos denominan como proceso que debe llevar a su "vuelta a casa" y de manera prioritaria a su traslado a cárceles vascas. Los presos aseguran que podrían aceptar que este proceso se lleve a cabo dentro de la legalidad vigente, aunque -señalan- "implícitamente conlleve la aceptación de nuestra condena". "Compartimos que tanto la ley como su aplicación cumplen una función esencial de cara al futuro ya que han de ser utilizados para fortalecer los pasos que hayan de darse", apuntan, dando por buena la legalidad vigente así como la aplicación que hagan de ella los estamentos judiciales.

Por ello, aseguran que "dentro de un plan de actuación global" están dispuestos a estudiar y tratar la posibilidad de que el proceso se efectúe "de manera escalonada mediante compromisos individuales y en tiempo prudencial". Eso supone un cambio radical en el colectivo de presos, que hasta ahora no había aceptado medidas individuales, sino que se aferraba a que las medidas debían ser aplicadas de forma general a todo el colectivo. La pasada semana el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, señalaba en una entrevista que aunque su aspiración era la amnistía, era consciente de que esta no se iba a producir y abogaba por una salida escalonada y de forma individual, lo mismo que ahora aceptan los presos de la organización armada y que era otro de los puntos que estaban recogidos en las recomendaciones hechas públicas por el Foro Social.

Por otro lado, los reclusos asumen "toda su responsabilidad" sobre las consecuencias derivadas de su "actividad política en el conflicto político". Asimismo, muestran su voluntad de analizar la responsabilidad de cada uno de los presos "dentro de un proceso acordado que reúna las condiciones y garantías suficientes".

Finalmente, el EPPK indica que se podrán en contacto con los promotores de las recomendaciones de Foro Social y con otros "agentes de Euskal Herria a fin de buscar acuerdos en torno a los mismos y encontrar fórmulas que permitan su desarrollo". De la misma manera, hacen un llamamiento a la ciudadanía, instituciones, agentes sociales y partidos políticos para buscar un "amplio consenso que posibilite su regreso a casa enmarcado en un proceso integral que no ponga en cuestión nuestro carácter y dignidad política". "No es tiempo de ocultarse tras las dificultades e impedimentos, es hora de la responsabilidad política, la de todos, también la nuestra en la medida en que somos parte y consecuencia del conflicto político", aseguran.

En el comunicado, los presos también denuncian las difíciles condiciones y acoso que padecen y advierten de que aunque "la represión carcelaria es siempre extrema, muy lejos de lo que cabía esperar tras la decisión de ETA de poner fin a la lucha armada, esta no se ha flexibilizado e incluso en algunos casos se ha acentuado". "Somos rehenes de los Estados español y francés, y a través de sus funcionarios sufrimos el acoso del este sistema carcelario construido para aniquilarnos tanto a nosotros como a nuestro familiares y amigos", denuncian, para añadir "se sirven de leyes y medidas de excepción para negar los derechos y beneficios penitenciarios que nos corresponden a fin de obstaculizar la excarcelación".

En su comunicado, el EPPK deja claro que para "resolver las consecuencias del conflicto" resulta indispensable tomar en cuenta "el origen y las razones del mismo" y en este sentido, considera preciso una "hoja de ruta firme" para encontrar una solución integral. "El origen político del conflicto exige una solución política", asegura. Asimismo manifiesta que la normalización política se debe basar en la posibilidad de "desarrollar y llevar a cabo democráticamente todos los proyectos políticos".

Desarme A la espera de la respuesta que adopte el Gobierno español ante el paso dado por el colectivo de presos, quedan pendientes otras recomendaciones realizadas por el Foro Social. Así, en lo concerniente a ETA se abogaba por un proceso controlado y consensuado que culmine con el desmantelamiento de armas y estructuras militares de la organización.

Según se señalaba en el documento hecho público en marzo, este proceso de desarme debería contar con la intervención y colaboración de organismos internacionales.