estambul. El escándalo de corrupción urbanística y financiera, el mayor que ha vivido Turquía en las últimas décadas, desembocó ayer en la dimisión de tres ministros y pone contra las cuerdas al jefe del Gobierno, Recep Tayyip Erdogan, que incluso era invitado a dimitir desde sus propias filas. A primera hora de la mañana anunciaron su dimisión Zafer Çaglayan, titular de Economía, y Muammer Güler, de Interior, denunciando en términos casi idénticos la investigación judicial como "una maquinación sucia" con el objetivo de hundir el Ejecutivo islamista.

Poco más tarde dimitió Erdogan Bayraktar, ministro de Medio Ambiente y Urbanismo, pero señalando mediante una llamada a la cadena NTV que la mayor parte de los proyectos urbanísticos bajo sospecha habían sido aprobados por el propio primer ministro. "Es mi convicción que para tranquilizar nuestro país, el primer ministro también debería dimitir", recalcó Bayraktar. Denunció que él y sus colegas habían recibido textos ya redactados para anunciar su dimisión y tranquilizar así al jefe del Gobierno. Mientras que Güler y Çaglayan únicamente dejaron su cargo, Bayraktar también dimitió de su escaño.

una baja importante Horas más tarde, el histórico dirigente del AKP, Idris Naim Sahin, ministro de Interior hasta ser reemplazado por Güler en enero pasado, anunció que devolvía su acta del partido que ayudó a fundar en 2001. "Fundar mi partido era fácil, abandonarlo es una decisión dura y triste", dijo Sahin, en declaraciones recogidas por CNNTürk.

Su nombre no ha sido asociado hasta ahora al escándalo, mientras que Kaan Çaglayan y Baris Güler, hijos del titular de Economía e Interior, respectivamente, ingresaron en prisión preventiva el sábado, y Abdullah Oguz Bayraktar, hijo del ya exministro de Urbanismo, está en libertad con cargos.

En un largo discurso ante los presidentes provinciales reunidos en Ankara, Erdogan insistió ayer una vez más en que la investigación judicial es "un ataque, no ya al AKP, sino a toda la nación, un complot obvio, una maquinación". Asemejó la investigación judicial a las protestas populares de Gezi en verano pasado, que calificó de "evidente traición". "Es una conspiración internacional", abundó, señalando como motivos el deseo del lobby financiero de subir los intereses, y la envidia provocada por la prevista construcción del tercer aeropuerto más grande del mundo en Estambul. Erdogan denunció que "los 9 días de investigación judicial han causado daños de 20.000 millones de dólares a las empresas turcas".