hay quien cree que va a suceder antes de que termine el año. Me refiero a personas que supuestamente parecerían estar en el conocimiento de lo que viene denominándose el proceso. Iba a ser hacia septiembre, o al menos pasado el verano, pero no fue. A día de hoy solamente se conoce del citado proceso que se encuentra estancado, bloqueado, pendiente de decisiones incógnitas. La realidad es que el Gobierno de Rajoy sigue estático, ETA ni se desarma ni se disuelve y los presos políticos vascos continúan en la cárcel.

En el origen de esta paralización está la llegada del PP al poder, que supuso el parón brusco de cuantas complicidades e iniciativas se habían tejido durante el gobierno de Zapatero. Con Rajoy se frenó hasta la parálisis incluso la denominada vía Nanclares y se cortaron todos los canales de comunicación que pudieran llevar hacia un final ordenado del ciclo político-militar ejercido por ETA y respaldado por la izquierda abertzale.

La pista de aterrizaje para que ETA decidiera abandonar la lucha armada que supuso la Conferencia de Aiete, fue desactivada por la indiferencia de Madrid, que nunca aceptó la ingerencia de agentes internacionales ni para colaborar en la gestión del proceso ni para la verificación del desarme. Por supuesto, tampoco tuvo en consideración la hoja de ruta trazada en la Declaración de los de Aiete. A todas estas iniciativas respondió el Gobierno español con el silencio, la displicencia y hasta la hostilidad. No dio ni un solo paso para facilitar ese final ordenado de ETA, ni modificó su política penitenciaria, imponiendo así un inmenso agujero negro en la tarea colectiva por la paz y la convivencia.

Ante el fracaso de su estrategia por la cerrazón del Ejecutivo español, hubo que volver a echar mano de Lokarri para devolver a la sociedad vasca el protagonismo y concretar aún más los pasos a dar para la resolución del conflicto, un ajuste que apremiaba a ETA para su final, detallaba los pasos a dar por los presos políticos vascos e instaba a los gobiernos para su implicación. En ese espíritu y con esas conclusiones se celebró el pasado mes de marzo el Foro Social, acogido con entusiasmo por la izquierda abertzale, con interés por el PNV e ignorado por PSE y PP. El Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) y ETA se comprometieron a estudiar las recomendaciones del Foro y hacer pública su respuesta.

Nueve meses después, y a pesar de los reiterados anuncios de que estaba al caer, aún no se ha conocido esa respuesta. El Gobierno Rajoy está cómodo en su estrategia inmovilista, ya que la persistencia de ETA es pretexto para no modificar su política penitenciaria y mantener su política antiterrorista como si no hubiera ocurrido nada el 20 de octubre de 2011. Por su parte, ETA no tiene otra salida que dar pasos unilaterales hacia un final digno. No es nada fácil, cuando la otra parte no quiere entrar al juego.

Es de suponer que ETA barajará el dilema de desarme o disolución, pero no está claro ante quién. Puesto que la otra parte ha decidido estar ausente y el movimiento unilateral es ineludible, siempre será más viable un acto simbólico de desarme que una declaración de disolución sin ninguna compensación. Una escenificación de desarme ante instancias internacionales y representantes cualificados y consensuados de la sociedad vasca, sea puramente simbólica o acompañada de documentos indicativos de su bagaje militar, sería una posibilidad barajada por ETA. No obstante, este acto presentaría importantes incógnitas como quiénes, dónde, cuándo y después qué. Pero sería una salida para desatascar el conflicto y, sin duda, provocaría alguna reacción en la otra parte.

Lo que no parece tan realizable es una declaración de disolución, una decisión improbable en su unilateralidad. Cualquiera que conozca la historia vasca de estos últimos cincuenta años entenderá la extrema dificultad de que ETA decida disolverse a cambio de nada, de que haya un protagonista que apague la luz reconociendo tamaño fracaso histórico.

Y mientras ETA se lo piensa, el EPPK no acaba de decidirse a hacer pública y práctica su presunta decisión de, por una parte, suscribir un documento colectivo de reconocimiento del daño causado y por otra firmar de manera individual una solicitud para acogerse a la reinserción.

Estas incógnitas son también auténticos agujeros negros, que alejan el interés de la sociedad vasca sobre la dolorosa situación de los afectados por una solución que nunca llega. El fugaz entusiasmo de las salidas con sordina de los afectados por la supresión de la doctrina Parot quedó diluido tras el realismo expresado por el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, reconociendo la inutilidad de seguir reivindicando la amnistía.

Es muy posible que acabe el año 2013 sin ninguna novedad y el próximo 11 de enero las calles de Bilbo se llenarán de convocados en apoyo a los presos políticos vascos y en reivindicación de sus derechos humanos. Una vez más.