"En castellano el reparto del CGPJ se llama distribuir el botín del vencedor"

Entiendo que la confianza en los jueces es un factor decisivo para la salida de la crisis. Si la administración de justicia no consigue transmitir una imagen de seguridad jurídica, el desarrollo económico y la salida de la crisis se retrasará.

Pero la crítica está ahí.

Lo que tiene que hacer hoy el juez es distinto de lo que hacía antes de la reforma laboral. Antes, la negociación colectiva y los conflictos estaban intervenidos por la administración laboral. La reforma elimina esa barrera y confía esa función a los jueces, con lo cual el conflicto llega a la justicia directamente. Creo que los empresarios se quejan de que los jueces ponen la lupa de manera muy estricta y dirime cuestiones relativas a los derechos de lo trabajadores. Pues sí, lo reconozco; es la función que tienen, de manera que, si no se cumplen las garantías de procedimiento, no habrá una decisión sobre el fondo. Así que sí, es cierto que las demandas en materia de conflictos colectivos y de despidos son en mayor número estimadas, aunque no llegan al 70%, que desestimadas.

¿Cuál es la conclusión entonces?

Lo que me interesa de lo dice la patronal es que los jueces no están queriendo entrar en el fondo de los problemas jurídicos planteados. Y lo hacen así porque una parte muy importante de la reforma laboral plantea cuestiones de fondo sobre los que los jueces tienen dudas sobre su constitucionalidad. En tanto el Tribunal Constitucional no las resuelva, los jueces están resolviendo caso a caso. Y ahí es donde acepto la crítica de la patronal, porque los jueces nos estamos moviendo más en el ámbito de los principios que en el de las normas. Pero, insisto, las normas tienen dudas de inconstitucionalidad. No hemos sido nosotros quienes hemos creado estas dificultades.

¿El proceso soberanista abierto en Catalunya es un problema más político o jurídico?

Es constitucional. La pregunta es si cabe en la Constitución un referéndum convocado por las autoridades catalanas cuyo objetivo es decidir sobre la constitución de un estado independiente. Ese problema constitucional no es nuevo, tiene el precedente del plan Ibarretxe, y creo que está casi todo escrito. Pero también hay un nivel en la política, porque se trata de las relaciones entre instituciones, que políticamente tiene que encontrar una forma de entenderse. Lo mismo que las aspiraciones que se expresan socialmente y a las que también en términos políticas es exigible que se les ofrezca un cauce en democracia. En la vertiente constitucional no hay demasiado recorrido, pero este todavía no se ha iniciado en la política.

Los jueces se muestran contrarios al método de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero nada cambia y se ha vuelto a designar en base a cupos de los partidos políticos.

Aunque en esta ocasión no hay constancia de que el presidente del Gobierno y el primer partido de la oposición hayan pactado el nombre del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, lo cierto es quien fue designado finalmente, Carlos Lesmes, ya figuraba en los medios de comunicación como el favorito. Formalmente los vocales del CGPJ votaron con luz y taquígrafos. Así que la forma de elección es la legalmente establecida. Eso no quita que haya que aclarar por qué saltó el nombre de Lesmes antes de tiempo. En general en la judicatura estamos muy insatisfechos.

¿Si es legal, cuál es el problema?

El Tribunal Constitucional ya dijo en 1987 que se corría peligro de lotización, una expresión italiana, esto es formar lotes que se repartan los grupos parlamentarios. Tengo motivos para pensar que el CGPJ, este también, es fruto de la lotización. En castellano la expresión es más grosera: distribuir el botín del vencedor. Esto hace que, con independencia de la profesionalidad de las personas que están ahí, el CGPJ empieza su mandato lastrado. Así que la ciudadanía piensa que si existe politización en el consejo lo mismo ocurre en cualquier juzgado o tribunal, y eso no es así. Pero lo contamina todo.