MADRID. La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condena a cada uno de ellos a esa pena por 160 delitos de asesinato en grado de tentativa y un delito de estragos, y destaca en la sentencia los testimonios de los peritos, que declararon en el juicio que la explosión fue "aterradora" y dejó el edificio destruido "por arriba y por abajo".
El atentado se produjo en la madrugada del 29 de julio de 2009, cuando una furgoneta bomba cargada con más de 700 kilos de amonal explotó y causó heridas a 160 personas, entre ellas 41 niños.
La sentencia considera probado que los tres etarras, siguiendo instrucciones, decidieron atentar contra la casa cuartel y que, para ello, se desplazaron a Burgos, donde recopilaron información sobre el lugar donde colocaron la furgoneta, un aparcamiento localizado en la parte trasera del edificio del instituto armado.
También recopilaron información sobre matrículas de vehículos para que un responsable de la banda en Francia fabricara las placas de matrícula que posteriormente colocarían en el coche, evitando así "infundir sospechas" con respecto al resto de los vehículos estacionados en el lugar.
Posteriormente, explica la sentencia, los tres se fueron a Francia, donde otro miembro de la banda les suministró una furgoneta verde Mercedes Vito que, ya en Álava, pintarían de blanco y cambiarían por la matrícula de una furgoneta de la misma marca y modelo que pertenecía a un vecino de Burgos, que habían controlado previamente y, así, no levantaría las sospechas de los agentes.
Pastor, afirma la sección tercera, condujo la furgoneta cargada con explosivos hasta la capital burgalesa, mientras que Zapirain y Etxebarria le daban cobertura por carretera en otro vehículo.
La carga que explotó sobre las cuatro de madrugada a 16 metros de la casa cuartel consistía en un artefacto compuesto por 700 kilos de amonal que contaba con un temporizador. Dejó un cráter de 1,8 metros de profundidad y 16 metros de diámetro.
El atentado fue reivindicado por ETA mediante un comunicado publicado en Gara y Berria el 9 de agosto de 2009.
Según declararon los peritos en el juicio celebrado el pasado noviembre, aparte de los daños físicos que sufrieron las víctimas (algunas requirieron más de 500 días para recuperarse), también en muchos casos, tuvieron un síndrome de estrés postraumático que se transformó en ansioso-depresivo severo y que les generó una incapacidad permanente para trabajar.
Por ello, la sala ha establecido que los terroristas deben indemnizar a las víctimas en función de los días de curación y por varios cientos de miles de euros, así como pagar 15 millones a la Dirección General de la Guardia Civil por los daños al edificio.
También deberán indemnizar con 39.074 euros a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León por los daños causados dos hospitales de Burgos próximos a la casa cuartel.
Estos etarras ya han sido condenados por los últimos atentados cometidos por la banda antes de su alto el fuego y la mayor pena que se les ha impuesto, 45 años de prisión, fue por el asesinato con una bomba-lapa del inspector jefe de la Policía Eduardo Puelles el 19 de junio de 2009 en Arrigorriaga (Bizkaia).
