madrid. A las numerosas críticas que el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana ha recibido desde los ámbitos de la judicatura y la política se sumó ayer un serio correctivo llegado de fuera del Estado español. Y es que el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, consideró ayer que esta iniciativa promovida por el Gobierno español es "altamente problemática" y expresó su preocupación por la proporcionalidad de las multas que propone, que alcanzan los 600.000 euros en el caso de las faltas muy graves.

Muiznieks incluso advirtió de las consecuencias que esta propuesta puede generar en el futuro, y dijo que "si va más allá, lo trataré con las autoridades españolas". En declaraciones a Efe, el comisario europeo hizo especial hincapié en el régimen sancionador del anteproyecto de ley, confesando que está "muy preocupado por las altas multas propuestas. Quiero que alguien me convenza de que 600.000 euros por ofensas muy serias es una multa proporcionada".

Alertó además de la interpretación que los jueces pueden hacer de términos recogidos en la nueva ley como "ofensas a España" o "poner en peligro la seguridad ciudadana". Emplazó por ello a comprobar "hasta qué punto están claros los conceptos y si la gente puede predecir cuándo no está incumpliendo la ley, y hasta qué punto existe el riesgo de que haya una interpretación arbitraria", agregó.

Nils Muiznieks se preguntó además "hasta qué punto este tipo de restricciones son necesarias en una sociedad democrática frente a otros medios de proteger la seguridad de la gente y el orden público sin interferir demasiado en el derecho a reunirse libremente". Según su parecer, las disposiciones que prohiben el registro de imágenes o datos personales de la Policía afecta directamente a la rendición de cuentas por parte de los agentes en caso de mala actuación por su parte. Estas medidas, afirmó, impedirían que pudiesen presentarse pruebas en caso de violaciones de derechos.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, considerado ayer que estas valoraciones del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa es un "toque de atención muy serio" que debe "hacer reflexionar" al Gobierno. "Me parece de extrema gravedad que la Unión Europea haya tenido que dar un toque de atención" al Estado español, dijo la dirigente socialista, quien matizó que "España está en un grupo de Estados democráticos, y esta ley de represión ciudadana no es propia de un país democrático".

Por su parte, el principal impulsor del proyecto de ley, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, trasladó a aquellos que "tienen alguna duda de la juridicidad" de esta iniciativa, que la misma "no puede pasar por más filtros de órganos institucionales de los que va a pasar", en referencia al CGPJ, el Consejo Fiscal y la Agencia Española de Protección de Datos.

Fernández Díaz, en un acto organizado ayer en Sevilla por la Delegación del Gobierno en Andalucía. Foto: Efe

"Quiero que alguien me convenza de que 600.000 euros es una multa proporcionada"

Nils Muiznieks

Comisario de DDHH del Consejo de Europa

"Es de extrema gravedad que la UE haya tenido que dar un toque de atención a España"

Soraya Rodríguez

Portavoz del PSOE en el Congreso