hace unos años, un parlamentario vasco del Partido Popular acusó a la Universidad del País Vasco de haber dado trato de favor a los reclusos de ETA y de haberles otorgado títulos académicos de forma fraudulenta. Lanzó la acusación basándose en un supuesto informe elaborado por la Guardia Civil que nadie puso nunca en conocimiento de las autoridades universitarias. Fue una cobardía, porque acusó sin asumir riesgo jurídico alguno, dado que, al escudarse en el informe, no tenía necesidad de presentar pruebas al respecto. Y a la vez que cobardía, fue un atrevimiento, porque solo podía formularse tal acusación desde la ignorancia acerca del funcionamiento de las universidades y de lo que significan la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.
Aquella acusación acabó sustanciándose en un procedimiento judicial que duró años. En su curso los servicios de la universidad tuvieron que aportar, a requerimiento de los tribunales, miles de documentos; varios profesores y empleados de administración estuvieron imputados; y finalmente, dos profesores llegaron a sentarse en el banquillo de los acusados. La sentencia absolutoria con que se saldó el proceso puso fin a un despropósito cuya única razón de ser había sido la voluntad del Partido Popular de utilizar el terrorismo con la intención de obtener, a su costa, réditos políticos.
Ahora ha sido el gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, de UPN, el que se ha sacado de la manga otro supuesto informe de la Guardia Civil. Sostiene, al parecer, que algunos profesores que enseñan en lengua vasca en esa comunidad tienen algo que ver con ETA. No se sabe muy bien qué es lo que son de ETA, si amigos, sobrinos, vecinos o concuñados, porque a estas alturas es muy difícil determinar con una mínima precisión las relaciones de parentesco o de vecindad con la muy menguada banda terrorista. Pero eso es lo de menos. Porque de lo que se trata es de enredar con la misma intención con que enredó en su día el parlamentario del Partido Popular al que me he referido antes.
Este caso, sin embargo, es más grave que el anterior. Si es cierto que existe tal informe -y el consejero foral de educación ha declarado conocerlo-, se habría estado recabando, elaborando y proporcionando información sobre personas que no han sido acusadas de nada en los tribunales. Y una cosa es que los servicios de información hagan su trabajo para prevenir la comisión de delitos y otra muy distinta que esos mismos servicios de información sean utilizados con propósitos que nada tienen que ver con la prevención del delito y mucho con el control ideológico de ciudadanos que gozan de todos sus derechos. Si el consejero no ha mentido, el simple hecho de que él o alguien de su gobierno haya tenido acceso al informe querría decir que se ha hecho uso ilegítimo de una información y que, por ello, esa información habría sido recogida también de forma ilegítima. Y sospecho que si se sustituye la palabra ilegítimo por ilegal, estaríamos más cerca de la calificación que de verdad merecen los hechos. Pero aquí no pasa nada: el Estado de Derecho parece cada día más Estado y menos de Derecho.
ETA desafió al sistema democrático y ese desafío se tradujo en amenazas, agresiones y asesinatos, en definitiva, en un inmenso dolor. También introdujo grave distorsiones en la escena política. Pero hubo quien encontró en el terrorismo un magnífico filón del que extraer réditos políticos y resulta que algunos, una vez más, quieren recurrir al mismo filón. Pero no hay vetas infinitas; también la del terrorismo se acabará.
@Un_tal_Perez
No hay vetas infinitas
Un tal Pérez
JUan Ignacio Pérez
