"Es criticable que se establezcan unas sanciones tan importantes"

La nueva ley es calificada de "autoritaria" y "represiva" desde los ámbitos jurídico y político

C. C. Borra

Bilbao. Pese al ligero cepillado al que el Gobierno español ha sometido al anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, la aprobación ayer de esta iniciativa en el Consejo de Ministros siguió provocando una mayoría de reacciones críticas desde los ámbitos jurídico y político. La presidenta de la Sala de lo Social del TSJPV, Garbiñe Biurrun, afirmó que la ley "tiene una parte positiva y aspectos bastantes criticables. La positiva es la despenalización de determinadas conductas que todavía hoy, aunque sea con el carácter de falta, están en el Código Penal. Esto permite a las personas que sean denunciadas por la comisión de una falta defenderse en el marco de un proceso penal".

En declaraciones a este diario, agregó que "lo criticable es que se establezcan unas sanciones administrativas tan importantes", ya que a ello se suma "la exigencia de unas tasas también muy importantes para acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa". En opinión de Biurrun, esta situación va a provocar que "muchas de esas sanciones no vayan a ser efectivamente recurridas por la ciudadanía, y por lo tanto no obtengan el control judicial debido".

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco también tuvo palabras de reproche para este proyecto del Ejecutivo de Mariano Rajoy, y fuentes de la consejería aseguraron que "al Departamento no se le ha hecho ningún tipo de consulta ni se le ha entregado ningún borrador o copia del anteproyecto de Ley aprobado en Consejo de Ministros, pese a que tendrá que encargarse de aplicar la norma, si definitivamente se convierte en ley".

Dichas fuentes agregaron a este periódico que "no es la primera vez que esto sucede ya que, con anterioridad, tanto con la ley de Seguridad Vial como la ley de Seguridad Privada, el Ministerio del Interior ha procedido de la misma manera". Concluyeron que "una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el primer trámite lo asumirá el PNV en la tramitación de la ley, con las enmiendas pertinentes".

La portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, afirmó que, en una democracia, la calle es de los ciudadanos, en contra de lo que ocurría en la dictadura cuando el exministro Manuel Fraga pronunció la frase de "la calle es mía". En una rueda de prensa durante una visita a Segovia, Rodríguez se refirió al anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana como una "ley de represión ciudadana", ya que, a su juicio afecta a derechos y libertades constitucionales.

También en el ámbito político, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, insistió en su rechazo a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y aconsejó no dejarse engañar por las "argucias" del PP de rebajar las sanciones con las que había amenazado inicialmente. "Es represión pura y dura", resumió. "El Gobierno pretende, por la vía de la represión, acallar la respuesta legítima de los ciudadanos, pero cuanta más represión, más pobreza y más desintegración social haya, más protestas va a haber porque al hambre no se le pueden poner puertas", advirtió.

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) denunció por su parte el "enfoque autoritario" de la Ley de Seguridad Ciudadana hacia conductas que forman parte de los derechos fundamentales de las personas. "La mayor parte del articulado está referido a conductas de derechos fundamentales que regula con un enfoque autoritario que no resulta aceptable", explicó su portavoz, Joaquim Bosch.

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