parís. La justicia francesa juzga desde hoy a tres presuntos miembros de ETA como dirigentes de la estructura Gezi encargada de extorsionar a empresarios para cobrarles el llamado impuesto revolucionario, incluida Ainhoa Ozaeta, considerada su responsable a principios de este siglo.

Junto a Ozaeta va a sentarse en el banquillo del Tribunal de lo Criminal de París durante tres semanas Ekaitz Sirvent Auzmendi, por haber estado presuntamente implicado durante siete años y hasta su arresto -que se produjo el 10 de abril de 2009- en Gezi, donde llegó a tener un alto nivel de responsabilidad. El tercer acusado es Peio Jon Sánchez Mendaza, quien se supone que se incorporó en 2004 a esa estructura.

Sirvent, capturado en París a su llegada a la estación Montparnasse en un tren procedente de Burdeos, también tendrá que responder de una veintena de cargos vinculados a la falsificación de documentos.Y queda pendiente la cuestión de si, conociendo el funcionamiento habitual de ETA y su sistema de reemplazo de un jefe de estructura cuando es detenido, pudo haber pasado a sustituir a Ozaeta cuando esta fue arrestada en mayo de 2008.

Los documentos que se les incautaron, completados con lo hallado sobre todo en el refugio de Salies de Béarn donde cayeron en octubre de 2004 los dirigentes de ETA María Soledad Iparragirre, Anboto, y Mikel Albisu, Mikel Antza, ofrecen un panorama de la actividad de extorsión por la que se imputa a estos tres acusados y estará en el centro del proceso. Así, por ejemplo, en el material informático había una tabla que recapitulaba los pagos recibidos en 2003, que sumaban 1.192.795 euros abonados por 38 víctimas.

En otro fichero sobre reuniones de Gezi en febrero de 2005, se sintetizaban las acciones del último trimestre de 2004, con 31 nuevas empresas extorsionadas. De ellas, 81 que había sido objeto de un ultimátum para exigirles el pago del impuesto revolucionario, 18 que habían manifestado su acuerdo para pagar y 34 para las que se había decidido una acción violenta en su contra por recalcitrantes. De esos archivos se deducía que entre enero de 2005 y diciembre de 2007 ETA había enviado correos a 1.025 víctimas a las que reclamó en total cerca de 135 millones de euros.

Ozaeta fue concejal de Andoain desde 1999 y llegó a teniente de alcalde en agosto de 2001 cuando era dirigente de Euskal Herritarrok y Batasuna. Su paso a la clandestinidad se constató en julio de 2003 y desde entonces se le asociaba con Gezi. Fue detenida en Burdeos el 20 de mayo de 2008 en el piso que ocupaba con el que se consideró un tiempo el jefe político, el ya fallecido Javier López Peña, Thierry. En Burdeos se les requisaron textos sobre las luchas de poder para hacerse con el control de ETA de dos jefes del aparato militar, Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, y Mikel Carrera Sarobe, Ata, que reprochaban a Thierry su estrategia en la tregua de 2006 y, específicamente a Ozaeta, su incompetencia como responsable financiera y de la estructura de falsificación de la organización armada.