La mordaza
EL Consejo de Ministros aprobará inicialmente hoy, salvo que la Providencia se revuelva contra ello, el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana elaborado por el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz. En circunstancias normales, nos encomendaríamos al Consejo de Estado, en primer término y posteriormente al Congreso y Senado, para que trataran de reconducir los aspectos más polémicos del mismo. Incluso conservaríamos la esperanza de que el Tribunal Constitucional se encargara de parar aquello que la mayoría absoluta del Partido Popular hubiera impuesto en sede parlamentaria. Mucho me temo que, visto lo visto, nada de eso vaya a ocurrir y seguramente, salvo las correcciones técnicas pertinentes, finalmente quede convertido en ley orgánica con el polémico contenido que ha trascendido a la opinión pública. Aunque, a decir verdad, el contenido del anteproyecto es tan solo una vuelta de tuerca más a una ley que supuso en su día un peligroso y escandaloso retroceso, amordazamiento y encorsetamiento de las libertades democráticas: La Ley 1/1992, conocida popularmente como ley Corcuera. Por eso, cuando el PSOE califica al presente anteproyecto como una iniciativa de represión ciudadana impropia de un sistema democrático, es cuando hay que recordarles que ellos fueron los que abrieron esa arriesgada puerta.
Tanto la ley socialista de la patada en la puerta como el actual anteproyecto juegan peligrosamente con la histórica dicotomía entre libertad y seguridad, y tratan de autojustificarse en la concepción conservadora de que si la ciudadanía aspira a ejercer sus libertades es a costa de sacrificar la seguridad o, dicho de otro modo, que si desea gozar de una mayor seguridad tiene que ser a costa de sacrificar las libertades. Recordemos que la contraposición entre libertad y seguridad en la exposición de motivos de la ley Corcuera dejó estupefacto al Consejo General del Poder Judicial, ente nada sospechoso de veleidades antisistema, que mediante un demoledor informe en contra obligó a suavizarlo.
El anteproyecto popular actualiza y amplia el catálogo de conductas sancionables por vía administrativa y para ello hace un recorrido por los métodos utilizados por diversas plataformas sociales en sus reivindicaciones en los últimos dos años, precisamente contra el PP, y las tipifica como infracciones todas ellas, sin andarse por las ramas, con desproporcionadas sanciones, tratando de atemorizar a la ciudadanía y evitar sus reivindicaciones. Como en otras ocasiones, el objetivo de esta Ley no es dar respuesta a una necesidad social, sino dotar de autoprotección a quienes ejercen el poder precisamente frente a los ciudadanos que buscan respuestas. Son leyes dictadas por quienes piensan que ellos van a ser siempre sus administradores y no sus víctimas. Son leyes que en unos casos inventan y castigan administrativamente numerosas conductas que no están tipificadas en las normas sancionadoras penales. Son leyes que, en otros casos, convierten innecesariamente en infracciones administrativas conductas que ya están contempladas en el Código Penal, pero al tramitarlas administrativamente, privan a los ciudadanos de las garantías recogidas en el sistema penal, provocando indefensión, como es el caso de la presunción de inocencia que desaparece por la simple declaración en contrario del agente de la autoridad. Es una ocasión perfecta para recordar las palabras de Benjamin Franklin: "Aquellos que sacrifican libertad por seguridad no merecen tener ninguna de las dos".
Olatuz olatu
Julio Artetxe
