Bilbao. La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, fue ayer un paso más allá en su reclamación de que el despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado se adecue a sus competencias en la CAV, y aseguró que el "nuevo estatus político" por el que aboga el Gobierno vasco incluirá un cambio en dichas "atribuciones". En el transcurso de una comparecencia en el Parlamento Vasco, y en respuesta al representante de EH Bildu Julen Arzuaga, que le preguntó si se contempla "vaciar de atribuciones a los Cuerpos de Seguridad del Estado para su repliegue", instó a avanzar hacia ese estatus político, una de las prioridades del Ejecutivo de Iñigo Urkullu.

Y es que en ese momento se podrá abordar, según ella, la modificación de las competencias de las FSE en Euskadi, algo que, recordó, está recogido en el Estatuto de Gernika. En una breve respuesta al parlamentario soberanista, agregó que esta pretensión se enmarca en la "vocación de que la Ertzaintza sea la policía integral de Euskadi". A este respecto, la parlamentaria del PP Nerea Llanos respondió en la misma comisión recordando que las competencias de las FSE "dimanan directamente de la Constitución" y que no sólo habría que modificar el Estatuto de Gernika sino también la Constitución española, algo que, agregó, no se puede hacer desde el País Vasco.

Beltrán de Heredia se expresó en estos términos tras una intervención que tenía como fin explicar la nueva estructura de la Ertzaintza, que el departamento que dirige ya hizo pública el pasado 29 de octubre. La consejera hizo especial hincapié en la creación de la Oficina Central de Inteligencia como responsable de la recogida, tratamiento y análisis sistemático de la información criminal e incidental. Explicó que contará con 178 agentes y que su cometido será "integrar la inteligencia policial en la misión general de la Ertzaintza, tanto en la prevención como en la reducción del delito. Va a ser el observatorio policial de los riesgos emergentes".

La Oficina Central de Inteligencia ejercerá de nexo de unión de las dos únicas divisiones que sobrevivirán a las cinco actuales. Se trata de Protección Ciudadana, responsable del trabajo policial preventivo o de seguridad ciudadana, e Investigación Criminal, que asumirá la reacción frente al delito. Todo ello se enmarca en una simplificación de la estructura y una reducción de los mandos, que pasarán de 190 a 161. Destacó además la importancia de las 25 comisarías de la Ertzaintza, en las que trabajan más de 5.800 agentes, como centros neurálgicos de la actividad policial: "Apostamos por fortalecer las comisarías como centros de encuentro entre la ciudadanía y los agentes activos encargados de su seguridad".

La titular de Seguridad señaló que, con esta reestructuración, buscan disminuir la tasa de criminalidad, evitando que se comentan delitos y aumentando la tasa de resolución de los mismos. En este sentido, subrayó que se duplicará el número de ertzainas destinados a labores de investigación. Recordó además que han pasado 31 años desde la salida de la primera promoción de la Ertzaintza hasta la última, la 23, y que en este tiempo ha habido muchos cambios, especialmente el cese de la violencia de ETA. La División de Seguridad Ciudadana se nutrirá del 72% de la plantilla y la División de Investigación Criminal contará con el 21%.

Protesta de Erne Coincidiendo con la comparecencia de la consejera de Seguridad, varias decenas de miembros del sindicato ErNE se concentraron ayer en las inmediaciones del Parlamento Vasco. La central denunció la "imposición de una nueva RPT" y aseguró que la reorganización de la Ertzaintza "no soluciona los graves problemas de plantilla en algunos centros en cuyas demarcaciones se ocultan estadísticas preocupantes como un aumento de robos con violencia y de delitos significativos en general". Reclamó además una "negociación para recuperar los derechos arrebatados desde 2010" y calculó que los planes del departamento provocarán que en 2016 haya 400 agentes menos en la calle.

Esta protesta tuvo su eco en el transcurso de la comisión parlamentaria, y Estefanía Beltrán de Heredia afirmó que, durante la negociación de la nueva RPT, "no ha habido grandes discrepancias". Lamentó además la, a su juicio, excesiva "judicialización de las reivindicaciones" de los sindicatos, "cuyas intenciones no siempre son defender los derechos laborales, sino determinados estatus o condiciones de trabajo".

Beltrán de Heredia. Foto: a.larretxi

"Queremos fortalecer las comisarías como centros de encuentro con la ciudadanía"

Estefanía Beltrán de Heredia

Consejera de Seguridad