Madrid. La ONU enmendó ayer la plana al Estado español en lo referente a la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura franquista. En una resolución especialmente dura, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas aseguró que "la desaparición es un delito permanente y hay obligaciones que adquieren los Estados" que forman parte de la Convención Internacional sobre las Desapariciones Forzadas, obligaciones "que no están limitadas en el tiempo". Por ello, instó al Estado a adoptar las medidas necesarias, de carácter legislativo o judicial, para "superar los obstáculos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía".

El experto del comité, Álvaro Garcé García y Santos, presentó ayer en una rueda de prensa celebrada en Ginebra el resultado, en forma de observaciones y conclusiones, del examen sobre el cumplimiento por parte de España de la Convención Internacional sobre las Desapariciones Forzadas, en vigor desde finales de 2010. En su comparecencia, el jurista explicó que la prescripción del delito por desapariciones forzosas solo se produce en el momento en que "la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad", por lo que pidió al Estado garantizar que así se cumple.

El dictamen del organismo de la ONU se ha producido después de que el Estado español se examinara por primera vez los pasados días 5 y 6 ante el comité. La embajadora española ante Naciones Unidas, Ana Menéndez Pérez, y los abogados del Estado presentaron entonces su informe sobre la implementación de la convención en vigor desde hace tres años. Durante la sesión, defendieron que en el ordenamiento legal español no tiene cabida la investigación de crímenes cometidos durante la guerra civil y el franquismo por tratarse de delitos ya prescritos. Sin embargo, la respuesta del Comité contra las Desapariciones Forzadas, dada a conocer una semana después, ha supuesto un duro correctivo para el Estado. En referencia a la ley de amnistía, el experto del organismo de Naciones Unidas dijo que "una amnistía es una norma pacificadora. Esta norma, treinta años después, no puede constituir un obstáculo para la justicia, y la justicia está necesariamente vinculada a la verdad, y la verdad es hija del tiempo". Destacó además la importancia de que los presuntos autores de tales crímenes sean enjuiciados y sancionados en caso de que sean finalmente declarados culpables.

Más recursos El comité recomienda a España que "asigne recursos de personal, técnicos y financieros suficientes para la búsqueda y esclarecimiento de la suerte de las personas desaparecidas". En este ámbito, le pide que valore la creación de un órgano específico que asuma esa función, así como "una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, particularmente las desapariciones forzadas". El comité ha dado a España un plazo de un año para que le exponga los avances logrados en estas cuestiones.