Bilbao. Solo ha hecho falta que transcurran cinco meses desde la aprobación del Código Ético, y veinte días desde la constitución de la comisión que velaría por su cumplimiento, para que el Gobierno Vasco actúe con todas las consecuencias cesando por primera vez en la legislatura a un cargo público por entender que su comportamiento ha contravenido esos principios. Además, que la conducta no fuera delictiva no ha frenado la sanción ni ha servido de atenuante para aplicar el Código Ético aprobado esta legislatura y que, por otra parte, supone un avance con respecto al vigente durante el mandato de Patxi López al contemplar ese sistema de amonestaciones que ayer se aplicó por primera vez. Tampoco ha invalidado la sanción que el cargo haya incurrido en ese comportamiento antes de activar la Comisión de Ética Pública: aunque, por no estar constituida, le resultara imposible consultar con ella su decisión, debería haber optado por abstenerse ante la duda sobre la honestidad de su proceder.

Siguiendo la recomendación de la Comisión de Ética, el Consejo de Administración de la sociedad pública de informática Ejie S.A. aprobó ayer el cese de su director general, Agustín Elizegi, por contratar a una compañía integrada en el grupo empresarial para el que trabajó entre 2010 y 2013. En concreto, el Departamento de Hacienda llamó a la puerta de la comisión después de que El Mundo publicara que Elizegi firmó el 30 de septiembre una resolución para adjudicar a S.S. Hard S.L. el suministro de una solución de almacenamiento por un millón y medio de euros. La adjudicataria forma parte del Grupo Versia, en el que trabajó Elizegi hasta su incorporación a la sociedad pública en febrero.

El Código Ético es una de las apuestas fuertes del Gobierno de Iñigo Urkullu en el campo de la transparencia ya que, aunque recoge buena parte de las conductas que el Ejecutivo de Patxi López ya puso en su lista negra, se planteó como un texto vivo que podría incorporar otros comportamientos en el transcurso de la legislatura, y dio un salto cualitativo al prever sanciones. Además de exigírselo a sí mismo, el Gobierno Vasco pidió a los trabajadores eventuales y a los dirigentes de las sociedades públicas que firmaran el texto en quince días desde su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco el 3 de junio. De lo contrario, serían cesados. El propio Elizegi lo rubricó el 19 de junio de 2013. El manual prohíbe aceptar regalos más allá de la cortesía -obliga a devolverlos y, si no fuera posible, a entregarlos a los servicios sociales, a una ONG o a la propia comunidad autónoma para que forme parte del patrimonio vasco-, o implicarse en actividades que puedan colisionar con los intereses públicos, entre otras conductas. Velaría por su cumplimiento una comisión integrada por el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka; el viceconsejero de Función Pública, Andrés Zearreta; el catedrático de Filosofía Política y Social Daniel Innerarity; la exmagistrada del Tribunal Constitucional Elisa Pérez Vera; y la directora del IVAP, Maite Iruretagoiena. La comisión podría remitir un caso al Ministerio Fiscal si entreviera indicios de delito.

La comisión, convocada para responder a la duda del presidente del Consejo de Administración de Ejie, Carmelo Arcelus, matizó en primer lugar que no se pronunciaría sobre la legalidad o no de su proceder. Es decir, puntualizó que no le correspondía concluir si el proceso de adjudicación ha sido regular o no, o determinar si Elizegi ha violado el régimen de incompatibilidades, aunque a la luz de la Ley 32/1983 no habría incurrido en ninguna ilegalidad. La comisión se ha ceñido a juzgar su actuación a la luz del Código Ético, que obliga a sus firmantes a "informar" de cualquier actuación que pudiera provocar que su interés personal entre en conflicto con el interés público, y a abstenerse no solo cuando la existencia de esos intereses sea palmaria, sino cuando pudiera deducirse o sospecharse que existe tal confrontación.

"conflicto de intereses" La comisión ha concluido que Elizegi contravino el Código Ético porque, "por cautela, debía haber exteriorizado la existencia de un potencial conflicto de intereses que pudiera colisionar con sus deberes y responsabilidades" o, en su lugar, debió haberse abstenido en el proceso de contratación. Por ello, el órgano propuso su cese, aprobado ayer por la mañana por la propia sociedad pública.

El cese llega veinte días después de crear

la Comisión Ética, y no critica un proceder ilegal, sino contrario al código