Vitoria. Definitivamente, la temida reforma local, que tanto preocupa a los ayuntamientos por lo que supone de vaciamiento de competencias y ataque a la autonomía municipal, se aplicará en la Comunidad Autónoma Vasca de manera mucho más liviana. El último paso en esta dirección se produjo el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados cuando el PNV pactó con el PP varias enmiendas que suponen "grandes avances", a juicio del diputado jeltzale Aitor Esteban, con los que los municipios vascos podrán respirar más tranquilos. A consecuencia del acuerdo, será el Parlamento Vasco el que podrá transferir o delegar en los ayuntamientos las competencias que el Gobierno de Rajoy considera "impropias" o "no propias" de la gestión local.
En opinión de los jeltzales, esta modificación conllevará de hecho que los municipios mantengan sus actuales competencias, ya que en Euskadi hay un alto consenso político en que las competencias municipales están dimensionadas e, incluso, podrían aumentarse.
Este paquete de competencias impropias, que la reforma local que aprobará en breve el PP traslada a la comunidad autónoma, es muy relevante en la actual gestión de los entes más próximos al ciudadano. En concreto el proyecto de ley del Ministerio de Hacienda prevé que las competencias de sanidad, educación y servicios sociales acaben siendo prestadas por los gobiernos autonómicos. Se aplicaría por ejemplo a los euskaltegis y escuelas de música municipales, y al mantenimiento de centros escolares y de salud.
desde euskadi Pero serían los servicios sociales los más afectados por esta normativa ya que, cuando la nueva ley entre en vigor, estas prestaciones, que se llevan gran parte de los presupuestos de los ayuntamientos, recaerán en la administración autonómica. Son servicios que la ciudadanía está acostumbrada solicitar a sus ayuntamientos. Toda la asistencia social, con la ayuda a domicilio incluida, residencias de mayores y centros de día, albergues para personas sin hogar y comedores municipales, programas de lucha contra el maltrato, atención a la infancia y a personas con discapacidad, juventud, inmigración, y un largo etcétera se dejarán de prestar desde los municipios.
Pues bien, con el acuerdo entre PNV y PP estas competencias volverán a ser "propias" de los ayuntamientos, explica Esteban, ya que será el Parlamento Vasco el responsable de transferir o delegar en los entes locales dichas prestaciones. La decisión, por tanto, la tomarán en Gasteiz las fuerzas políticas vascas, entre las que, como sostiene el portavoz del PNV en el Congreso, existe un amplio consenso sobre, más que mantener, ampliar incluso las competencias de los municipios ya que en su inmensa mayoría no tienen problemas de financiación. Esta salvaguarda, que tiene su base en el Estatuto de Gernika, va en la dirección contraria a la aplicación de la ley en el resto del Estado, cuyos municipios sufrirán un claro recorte competencial. La pelota por tanto estará en el tejado de la Cámara vasca y en el grado de consenso que logren los grupos parlamentarios.
Creen los jeltzales que la Ley Municipal, cuya aprobación por el Parlamento Vasco está prevista para el año que viene, podría servir para regular este traspaso de la titularidad de competencias. Pero también podría realizarse a través de leyes parciales, de más fácil tramitación.
El acuerdo de esta semana con los populares no se limitó a este aspecto. Sobre los municipios de menos de 20.000 habitantes -la mayoría de los existentes en la CAV- pendía la espada de Damocles de verse obligados a coordinar con la Diputación foral el modelo de prestación de un conjunto de servicios (de manera directa o mancomunada, y además bajo el filtro del Ministerio de Hacienda) que suelen prestar los ayuntamientos, como la recogida y tratamiento de residuos, la limpieza viaria, el abastecimiento de agua potable y la pavimentación de vías. En virtud del acuerdo, detalla Aitor Esteban, el Ministerio no se inmiscuirá en estas prestaciones y, además, cualquier decisión que se tome con la Diputación nunca podrá ser impuesta por esta última en contra del criterio del ayuntamiento, que podrá seguir ofreciendo estas prestaciones siempre que esté capacitado.
coste efectivo Por último, el PNV ha conseguido rematar el acuerdo al que ya llegó el 17 de octubre, en el trámite de enmiendas a la totalidad, referido al coste efectivo, esto es, el coste máximo al que se deberán adecuar los servicios que ofrecen los ayuntamientos -basuras, cementerios, servicios sociales, polideportivos, etc.- si quieren seguir prestándolos. Ya en aquella ocasión, PNV y PP acordaron que serán las diputaciones las que establecerán estos baremos, en función del coste medio de los servicios que se prestan en la CAV -mayor en términos generales, acorde con su superior calidad-, y no Madrid, por lo que será más difícil que los consistorios pierdan competencias.
El acuerdo rubricado esta semana aclara que esta especificidad -la de que serán las instituciones vascas las que estimen el coste de los servicios- también será de aplicación la primera vez que se realice la valoración, que según una disposición transitoria que incluye el proyecto de ley, era competencia del Ministerio de Hacienda.
senado En el mencionado acuerdo del 17 de octubre, el PNV ya blindó que el proyecto de ley del PP respete el régimen foral vasco, lo que permitirá a los ayuntamientos sortear la tutela financiera de Madrid y adecuar el coste de los servicios a las circunstancias de Euskadi, entre otras medidas. Como consecuencia de aquel acuerdo, los jeltzales retiraron su enmienda a la totalidad. Tras el nuevo paso dado el pasado miércoles, el PNV votó a favor del texto en el Congreso de los Diputados. Ahora queda el último trámite de la ley a su paso por el Senado, donde los jeltzales confían en que el PP acepte su enmienda para que los consorcios no tengan que verse sometidos a una situación de desaparición.
