BILBAO. Mira Benvent realiza estas reflexiones en el último número de la revista Hermes, editada por la Fundación Sabino Arana, que ha sido presentada este viernes por el presidente de la Fundación, Juan Mari Atutxa, con la presencia de la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Uria y el director de la revista, José Antonio Rodríguez Ranz.

Con el objetivo principal de reflexionar en torno al papel del Derecho Penal o a cómo debiera orientarse la política penal y penitenciaria en estas nuevas circunstancias, la Fundación Sabino Arana ha organizado en 2012 y 2013 dos seminarios con jueces, magistrados, catedráticos de Derecho Penal, abogados y representantes institucionales.

Este número especial de Hermes es fruto de las reflexiones realizadas en el encuentro celebrado el pasado 28 de junio. En él colaboran Javier Mira Benavent, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Valencia; Rafael Sainz de Rozas, coordinador de Area del Ararteko; Jon Mirena Landa, exdirector de Derechos Humanos del Gobierno vasco; Juan Ignacio Echano, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Deusto; y Francisco Letamendia, profesor de Ciencia Política de la UPV-EHU.

La revista incluye, asimismo, una entrevista realizada a la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Uria, por el periodista Ander Landaburu, en la que asegura que "un esfuerzo judicial lograría avances y evitaría el 'impasse actual'".

Entre las colaboraciones de este número 45, el profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, Javier Mira Banavent, cree que "la solución más sencilla para desactivar todo este artefacto penal pasa por una política de reformas legislativas o de concesión de indultos que evidentemente no se va a producir, al menos a corto plazo, a la vista de los planteamientos que en esta materia mantienen las fuerzas políticas gobernantes y mayoritarias en el Estado español".

Por ello, el profesor Mira Benavent cree que "es necesario reinterpretar el artículo 129 del Código Penal para evitar que las medidas cautelares que contiene puedan ser aplicadas en el futuro para anular el ejercicio efectivo de derechos fundamentales de participación política".

APLICACIÓN INDISCRIMINADA

En ese sentido, señala que "la aplicación indiscriminada de estas medidas acaba afectando no sólo a aquellos que aparecen imputados en el correspondiente sumario sino también a un grupo indiscriminado y numeroso de personas (simpatizantes del colectivo) que, sin estar imputadas ni procesadas, se encuentran, sin embargo, privadas de la posibilidad de convocar o asistir a reuniones y manifestaciones o de canalizar su derecho de sufragio hacia los partidos cautelarmente suspendidos".

En segundo lugar considera que "es necesario reinterpretar el delito de pertenencia a la organización terrorista, para evitar que estos tipos penales puedan seguir siendo usados como instrumentos de criminalización con los que encapsular la actividad política de los dirigentes o portavoces de la Izquierda Abertzale".

Por su parte, Rafael Sainz de Rozas, coordinador de Area del Ararteko, quien realiza una síntesis en torno a los grandes ejes que articularon el discurso de la jornada, afirma que "dos años después, la ilusión generada en un principio parece haber dado paso a un cierto escepticismo entre quienes asociaran esa mejora, entre otros factores, con un avance que hasta el momento no se ha producido: la normalización de la respuesta penal al terrorismo, con el fin de superar la excepcionalidad que ha presidido en esta materia la política criminal".

"Lo que está en juego -asegura- es que, al final lo ordinario en materia de derechos se convierta en excepcional, y que esa excepcionalidad acabe resultando la regla general, hasta acabar normalizando un discurso contrario a cultura de las garantías, que es la propia de la jurisdicción en un sistema penal democrático".

Por su parte, el exdirector de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jon Mirena Landa, cree que "debe confeccionarse una estrategia de políticas públicas que permita que las violaciones de derechos humanos no se conviertan en un lastre que perpetúe la división ideológica más allá de lo razonable y aceptable en una democracia".

ASPIRAR A LA RECONCILIACIÓN

Para Landa "la Ley vasca de Paz aspira a la reconciliación, pero su contenido mira a una fase previa que se cifra en impulsar los mecanismos que nos ayuden a soltar los 'nudos' de las conculcaciones de derechos para despejar de obstáculos la senda del camino".

Por otra parte, a juicio de Juan Ignacio Echano, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Deusto, "debemos tener lucidez y racionalidad para replantear la política criminal seguida hasta ahora, no sólo por razón de principios", sino para que "responda plenamente a las exigencias del Estado de Derecho, sino también por razones de conveniencia".

Según Echano, "no se trata ya de vencer a un enemigo que ha sido vencido, de excluirle junto con sus próximos neutralizando una peligrosidad de la que carecen", sino que "promover una vida social en la que la ausencia de violencia terrorista dé paso a una convivencia pacífica".

Por último, Francisco Letamendia, profesor de Ciencia Política de la UPV-EHU, admite que "si se pone en marcha un proceso de paz en una sociedad que ha vivido un conflicto violento, unos sectores se aferrarán a un punto del mismo y otros a otro, pero todos los puntos son necesarios". "Si se paraliza uno, como está ocurriendo ahora en los Estados español y francés, sufren todos los demás", puntualiza.

Según Letamendia, "el terreno de juego de la izquierda abertzale es doble, por una parte mantenimiento íntegro en el plano teórico de la estrategia de Aiete, por ser la vía de resolución de todos los conflictos del mundo", y, por otro lado, "una actitud pragmática, por ante el nuevo escenario".