madrid. Después de que el caso haya pasado por las manos de nueve jueces diferentes, Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, se sentaba ayer en el banquillo para ser juzgado por un delito continuado de tráfico de influencias y cohecho y cuatro delitos de fraude.

Por ello, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular de la Unión de Consumidores (UCE) piden para Fabra 13 años de prisión y el pago de una multa de 1,98 millones de euros, además de una indemnización a Hacienda de 693.074 euros.

La primera jornada de un juicio dilatado desde 2003, cuando el empresario Vicence Villar denunció los abusos de Fabra, se desarrolló ayer sin declaraciones de los imputados.

La defensa del político del PP a cargo de la Diputación de Castellón durante décadas, pidió la prescripción de los delitos fiscales y solicitó que los técnicos inspectores de Hacienda que elaboraron los informes que apuntarían a que Fabra defraudó 2 millones de euros no puedan actuar como peritos, al estimar que los informes son "parciales" y la información "está contaminada" por tener sus autores la doble condición de "perito y denunciante".

Fabra está acusado de haber aprovechado su cargo público para acelerar la obtención de licencias para los productos fitosanitarios que fabricaba la empresa Naranjax, propiedad de Vicente Vilar. A cambio, según la acusación, Fabra habría cobrado de Vilar cantidades de dinero, habría ocultado a Hacienda ingresos de 1,9 millones de euros y su exesposa, de 1,47 millones de euros. Fue el propio Vilar el que, en 2003, denunció a Fabra.

Según dijo ayer la Unión de Consumidores (UCE), como acusación particular, "Carlos Fabra era un mago en la consecución de ilícitos fines". Continuó al frente de la Diputación y del PP provincial de Castellón con la investigación abierta hasta que en julio de 2012 dejó su cargo en el Partido Popular, que había desempeñado durante 22 años.

Un año antes había dejado la presidencia de la Diputación y manifestó hacerlo"con el respaldo" de sus compañeros "y de la gente".

la trama La trama que ahora se investiga envolvía a dos empresas. Una de Carlos Fabra, llamada Carmacas, por la que el presidente del PP de Castellón cobraba dinero en concepto de asesoría de otra sociedad, denominada Artemis 2000, cuyas propietarias eran Amparo Fernández, la ahora exesposa de Fabra, y Montserrat Vives, esposa del empresario Vilar.

Ellas están también imputadas, junto el exsenador del PP Miguel Prim. La exesposa de Fabra se enfrenta a una petición de seis años de prisión por haber cometido presuntamente 3 delitos fiscales. Vilar y su exesposa, Monserrat Vives, se enfrentan 4 años de prisión por delitos de cohecho, y de tráfico de influencias, este último incluido por la UCE.

El empresario Vicente Vilar, al que Fabra supuestamente benefició para conseguir permisos, permaneció esposado en el banquillo, ya que acudió custodiado desde la prisión donde cumple condena tras haber sido denunciado por su exmujer por violación.

La defensa de Carlos Fabra y María de los Desamparados Fernández, su exesposa, pidió que se apartara del proceso a la acusación particular de la UCE, al considerar que han planteado "acusación sorpresiva".

Los letrados basaron la argumentación en las diferencias en el relato de los hechos de la UCE entre el auto de procedimiento abreviado y el escrito de acusación y esto provoca "vulneración de los derechos fundamentales de defensa y tutela judicial efectiva" de Fabra y Fernández.

La misma consideración han mantenido ante el tribunal el letrado del exsenador del PP Miguel Prim y la defensa del empresario Vicente Vilar. Sin embargo, la sala rechazó apartar a la UCE del proceso, ya que argumentó que ese "eventual exceso" se resolverá en la sentencia.