MADRID. El manifiesto, remitido al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, denuncia que la doctrina "abre una puerta a la incertidumbre" en la aplicación de las normas penales y con ella "a la arbitrariedad en la aplicación del derecho".

A juicio de los firmantes, la doctrina, que obliga a computar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento, se fundamenta en criterios de "puro castigo" o "simplemente de venganza" de carácter político.

Según el manifiesto, las continuas reformas legales en materia de ejecución de condenas están planteadas únicamente en clave de "satisfacción de las víctimas" y no en la persecución del delito, lo que genera "una situación vulneradora de derechos y de indefensión, en una aplicación cruel e inhumana del derecho punitivo".

Por ello, los parlamentarios que suscriben el documento expresan su rechazo a una doctrina "que ataca los principios y pilares que debieran sustentar un Estado de derecho".