Jueces para la Democracia: "La ley no avala borrar documentos y menos en un proceso"
El juez Ruz se reincorporará a su puesto el próximo 9 de septiembre con todas las miradas puestas en él
vitoria. El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, mantuvo ayer en una entrevista con televisiva que la Ley de Protección de Datos en la que el PP basa su defensa para justificar la destrucción de los discos duros de Bárcenas, se aplica "en documentos exclusivamente personales" y que "en ningún caso" puede ser invocada para llevar a cabo "el borrado del contenido de unos discos que estaban en la sede del PP y que el juez había requerido para sus investigaciones". Bosch insistía en que los ordenadores eran del partido y por tanto "lo más lógico es pensar que toda la información que había eran datos pertenecientes al partido". A su juicio, "no se entiende que basándose en la ley de protección de datos personales de Bárcenas hayan sido suprimidos tanto los archivos como la información".
En este sentido, el portavoz de Jueces para la Democracia señalaba que "es posible" que el PP alegue que "no tenía constancia formal" cuando destruyeron las memorias de los ordenadores de que pudieran tener información relevante para el caso, pero matizó que eso "no significa que no fuese un hecho notorio que esos ordenadores guardaban archivos" que podían ser vitales para la investigación judicial.
En su opinión de Bosch, debe ser el juez Ruz quien valore si ve "indicios" de que pueda haber un "delito de encubrimiento por destrucción de pruebas", por parte del partido de Gobierno y a partir de ahí "habrá que analizar se si puede imputar de un delito a una persona o personas". Cree "más difícil" que se les pueda imputar un delito de "obstrucción a la justicia".
la agenda Ruz vuelve de sus vacaciones el próximo 9 de septiembre. Según su agenda oficial, al día siguiente tomará declaración a las dos secretarias de los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y a los tres auditores internos del PP. Todos responderán preguntas sobre la supuesta contabilidad B del partido, aunque es una incógnita si el magistrado les preguntará también sobre los ordenadores de Bárcenas.
El juez también tiene que recibir de forma inminente dos informes clave que pondrán al caso nombres y apellidos en forma de delitos: uno sobre un posible cohecho en las relaciones entre las donaciones de empresarios al PP y las obras públicas adjudicadas y otro acerca de si el partido cometió un delito fiscal al pagar a dirigentes con la denominada caja B.
Por el momento nada ha trascendido sobre la impresión del magistrado tras conocer la presunta destrucción de pruebas, por lo que todas la miradas se centran en él a la espera de otro posicionamiento clave: el de la Fiscalía.
