londres. El Gobierno británico evalúa una posible respuesta legal contra los controles en la frontera de Gibraltar y ha pedido ayuda europea ante el empeoramiento del conflicto diplomático con España.

El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, reclamó el viernes a la Comisión Europea (CE) que envíe un equipo al Peñón para "reunir pruebas" contra unos controles que han provocado largas colas de automóviles durante las últimas tres semanas y que considera "desproporcionados" y "motivados políticamente".

La Comisión trasladó a Cameron que hará lo que esté dentro de su competencia para asegurar el respeto de las normas comunitarias, si bien le advirtió que espera que el asunto "sea tratado por los dos países de una forma que vaya en línea con su pertenencia común" a la Unión Europea (UE). A ese respecto, Londres sostiene que sus intentos por encontrar una salida dialogada al contencioso han resultado infructuosos y lamenta que España mantenga unas medidas que, en su opinión, restringen la libre circulación de los ciudadanos.

El Ejecutivo comunitario subraya que España tiene la potestad de vigilar su fronteras, aunque los controles deben ser proporcionados, y ya confirmó la semana pasada su intención de enviar en septiembre inspecciones técnicas a Gibraltar para analizar las quejas recibidas.

Downing Street ha avisado por su parte esta semana de que evalúa emprender "acciones legales sin precedentes" contra España, su socio en la OTAN y la UE, si bien no ha precisado cómo presentaría ese recurso legal, más allá de admitir que sería ante tribunales europeos.

Londres se ha limitado a señalar que quiere analizar "con cuidado" esta espinosa cuestión, mientras que el Gobierno de Gibraltar considera que una opción posible sería una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La crisis diplomática entre el Reino Unido y España podría empeorar si España decide finalmente aplicar una tasa de 50 euros por cruzar la Verja, una vez se determine si hay viabilidad jurídica. Además, España ha amagado con acudir a organismos internacionales como el Tribunal de La Haya y la ONU, así como la posibilidad de dialogar con Argentina para tratar de hacer un frente común en Naciones Unidas sobre el Peñón y las Malvinas.