En este país nuestro donde queda tanto por normalizar el derecho a decidir del pueblo vasco parece haber desaparecido del debate público. Hace unos días me insistía en ello un amigo que echa de menos que se encare debidamente esa cuestión para poder dejar atrás esta situación de impasse en la que, creía él, nos encontramos en este momento.

Pasan los años y aquí seguimos sin poder ejercer el derecho inalienable a determinar cómo queremos nuestro futuro. Ya conocemos la oposición feroz de las fuerzas nacionales españolas: antes era ETA, ahora la complicada situación económica y social.

Vamos por partes. El pueblo vasco en su integridad (todos sus territorios), y simplemente por su existencia, es sujeto y titular del derecho a decidir su organización política, social y económica, en pie de igualdad con cualquier otro. Existimos, somos y podemos.

Toda persona nacionalista reclama coherentemente esa potestad. Lo cual no significa que la autodeterminación sea una reivindicación únicamente nacional, sino esencialmente democrática pues se trata del ejercicio máximo de la soberanía popular. Principio democrático, por lo tanto, y no voluntad más o menos minoritaria o caprichosa, como arguyen quienes niegan los derechos de los pueblos con falsos argumentos que en realidad esconden los intereses de su nación (española y francesa en el caso del pueblo vasco).

Este derecho, además, no es una invención de cuatro chalados o chaladas nacionalistas vascas sino que está amparado por la legalidad internacional. En los últimos años incluso en la propia Unión Europea ha sido puesto en práctica con normalidad y de forma más habitual de lo que desearía el centralismo recalcitrante: Lituania, Letonia, Estonia, Eslovenia, Montenegro, Chequia, Eslovaquia..., así como fue un elemento clave en la resolución del conflicto irlandés o en Québec.

Hoy conflicto y descontento perviven en la sociedad vasca. Y para superarlo necesariamente se deberá atender a su origen de raíz política, que no es otra que esa falta histórica de reconocimiento de nuestro pueblo y del desajuste entre la voluntad social y política mayoritaria y el marco legal vigente.

Pacificar es erradicar cualquier atisbo de violencia pero también normalizar la convivencia y resolver definitivamente la cuestión de fondo, como es el poner en práctica el derecho del pueblo vasco a la propia decisión, asumiendo ese hecho social y entendiéndolo como un exponente irrenunciable de nuestra libertad colectiva. Se trata, por lo tanto, de abrir una vía pacífica y democrática que nos lleve, en su caso, a la independencia.

La colaboración y el trabajo conjunto, sincero, responsable, inteligente y comprometido de las fuerzas políticas nacionales vascas es el único camino. Se trata de dejar atrás estériles enfrentamientos que fomentan la controversia continua y agotadora del yo más y tú menos, que nos debilita y retrasa mientras pierde la mayoría, la ciudadanía, que sinceramente confía en que viviríamos mejor como estado independiente en Europa.

Insultar al lehendakari Urkullu no es manera de lograrlo. Buscar enemigos políticos tan cerca es de una ceguera irresponsable, además de inaceptable por ser una total falta de respeto a nuestras instituciones y a nuestro máximo mandatario.

Derecho a decidir