laudio. El Ayuntamiento de Laudio, gobernado por Bildu, ha recurrido la decisión judicial de suspender el nombramiento como pregonero de las fiestas de Pablo Gorostiaga, exalcalde de la localidad y que se encuentra en prisión tras ser condenado en el sumario 18/98 por su relación con el periódico Egin. Según confirmaron fuentes del consistorio, el gobierno municipal ya ha presentado las alegaciones contra la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gasteiz de suspender de forma cautelar la designación en respuesta a un recurso presentado por la Abogacía del Estado. Ésta entendía que la elección de Gorostiaga supone "una muestra de apoyo y legitimación en favor de una persona condenada por colaboración con organización terrorista", lo que "atenta contra la dignidad de las víctimas del terrorismo".

El auto judicial establece que, salvo que se modifique posteriormente esta decisión, ni Gorostiaga, de 71 años de edad, ni "cualquier otra persona en su nombre y representación" pueden realizar la lectura del pregón de las fiestas del municipio, previsto a las siete de la tarde de mañana en la Herriko Plaza. La semana pasada, tras conocerse la decisión judicial, el equipo de gobierno de Laudio ya avanzó su intención de recurrirla por considerarla "desproporcionada" y por entender que se había adoptado "sin preguntar ni escuchar" al ayuntamiento. El consistorio también recordó que habían sido los propios vecinos los que eligieron a Gorostiaga como pregonero, que esa elección había sido refrendada por la comisión paritaria de fiestas y que el gobierno municipal de Bildu se había "limitado a llevar a la práctica esa decisión".

Pablo Gorostiaga fue alcalde de Laudio en tres legislaturas no consecutivas y bajo tres siglas diferentes, aunque todas ellas vinculadas a la izquierda abertzale. En diciembre de 2007 fue condenado a 9 años de cárcel dentro del sumario 18/98, seguido contra varias organizaciones del entorno del grupo armado. Actualmente cumple condena en el penal de Herrera de La Mancha (Ciudad Real).

Tras decretar la suspensión cautelar del nombramiento, el juzgado dio un plazo de tres días al Ayuntamiento para que presentara las alegaciones que considerara oportunas, algo que el Gobierno municipal de Bildu ya ha llevado a cabo. Ahora, el magistrado deberá analizar dichos argumentos y decidir si mantiene, levanta o modifica la suspensión cautelar.