madrid. La Audiencia Nacional acordó ayer mantener a Luis Bárcenas en la prisión de Soto del Real al estimar que concurren en su caso todos los requisitos para ello, como son el riesgo de fuga, la posible destrucción u ocultación de pruebas y de reiteración delictiva. En su auto, los magistrados Ángela Murillo, Carmen Paloma González Pastor y Juan Francisco Martel afirman que estos riesgos son "serios, intensos y con un alto grado de verosimilitud", y ponen de manifiesto que, a consecuencia de las graves responsabilidades penales que se le imputan, se han incrementado.

Los tres jueces recuerdan que conforme ha avanzado la investigación sobre la participación del extesorero en la red Gürtel se han ido uniendo nuevos delitos atribuidos a Bárcenas "que se han venido conociendo recientemente porque la falta de transparencia por la que se ha regido su conducta, ha impedido el conocimiento de sus actos, que van saliendo a la luz lenta e inexorablemente". Han tenido en cuenta nuevos datos aportados por las comisiones rogatorias libradas desde Suiza, así como las numerosas cuentas bancarias extranjeras cuya titularidad se atribuye a Bárcenas. En el auto se destaca también que, además, de los delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y de cohecho, ha venido a sumarse recientemente la presunta comisión por su parte de falsedad documental "a través de la manipulación de un contrato de mediación y de compraventa supuestamente suscrito por la ciudadana argentina Isabel Mackinlay".

Asimismo, la acusación popular ejercida por Abogados Demócratas de Europa (Adade) solicitó al juez Pablo Ruz que imponga una fianza de 3.058.984 euros en concepto de responsabilidad civil a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias. El magistrado dio traslado a la Fiscalía para que informe acerca de la conveniencia de imponer esa fianza civil a Iglesias para afrontar las responsabilidades pecuniarias derivadas de una eventual condena por los delitos por los que está imputada. Igualmente, el juez Ruz ordenó que se realice una pericial sobre las grabaciones que el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas realizó al presunto líder de la trama, Francisco Correa, con objeto de confirmar que los cedés y los DVD aportados no fueron sometidos a manipulaciones.