Agujeros negros que deja abiertos el archivo judicial

Pamplona

Un auto de seis páginas, de las que apenas dos argumentan la decisión, ha acabado por enterrar toda la investigación judicial relacionada con el cobro de dietas de Caja Navarra. El Tribunal Supremo considera que los hechos descritos por la juez instructora, Mari Paz Benito, y por los que proponía imputar a Yolanda Barcina, "no son constitutivos de delito", por lo que decreta el archivo de las actuaciones.

Una decisión rotunda y firme, para la que no cabe recurso, y supone frenar el seco la investigación iniciada por la magistrada navarra, que ahora se verá obligada a archivar la causa abierta contra Miguel Sanz, Enrique Maya, Álvaro Miranda y Enrique Goñi. Pero que deja algunos agujeros negros, zonas de sombra sobre lo ocurrido en Caja Navarra y la actuación que los responsables políticos tuvieron en una entidad financiera que hoy ya no existe.

Dudas en la investigación

¿Quién decidió crear la Comisión Permanente?

Toda vez que el Supremo ha impedido que continúe la investigación, hay cuestiones que ya nunca podrán ser aclaradas. Por ejemplo, quién decidió crear la Comisión Permanente, quién decidió que sus reuniones fueran remuneradas y por partida doble y quién decidió quiénes debían ser sus integrantes. En este asunto las declaraciones de las distintas personas implicadas han sido contradictorias. El secretario, Alberto Pascual, apuntó a Miguel Sanz, y el expresidente, al secretario. El Supremo finalmente ha asumido la tesis de la magistrada, que apuntaba a Sanz, pero concluyendo que si quien convocaba las reuniones y cobraba la dieta era la misma persona, nunca pudo haber cohecho. Al expresidente, evidentemente, no le ha parecido mal.

Las reuniones de la Permanente

¿Cuándo se redactaron las actas y cuándo se firmaron?

La juez Mari Paz Benito solicitó a la Guardia Civil que investigara las actas de la Permanente para saber cuándo fueron creadas y si se modificaron con posterioridad. Un asunto a priori importante, pero que ya no tendrá relevancia jurídica. Si las actas se incorporaron al servidor de Can después de que el órgano opaco se hiciera público, como publicó Diario de Noticias, y sin Sanz y Barcina las firmaron a posteriori, una vez disuelto el órgano, queda ya en un segundo plano. Tampoco está clara la falta de sustento reglamentario de la Permanente desde su creación en julio de 2010 hasta la aprobación del reglamento en junio de 2011. Si las reuniones se produjeron con apoyo estatutario o sin sustento legal. El Supremo ha decidido no entrar en el fondo del asunto y no profundizar en los detalles. Su resolución ni siquiera se pronuncia sobre esta cuestión.

Contradicciones

¿La dieta era parte del sueldo o retribución por un trabajo?

Según el Supremo, que coincide con los argumentos de defensas y Fiscalía, ninguno de los miembros de la Permanente estaban en ella por ser cargo público. Por lo tanto, no se les puede aplicar cohecho. Esta ha sido una línea argumental clave para las defensas y los fiscales, que desde el principio han querido diferenciar el cargo público del cobro de dietas y finalmente ha resultado determinante para el archivo de la causa.

El argumento, sin embargo, contradice la justificación que los propios afectados dieron cuando se desató el escándalo. Miranda, por ejemplo, alegó que las dietas "forman parte de la retribución de los miembros del Gobierno", por lo que eran "parte de su sueldo". Algo que confirmó la propia presidenta un año después, cuando atribuyó su presencia en Caja Navarra a un "imperativo legal" derivado de su cargo. Incluso, en un artículo de opinión en el que quiso pedir "perdón" a la sociedad navarra, también defendió que eran parte de su sueldo. "Estaba asumido el hecho de que los representantes públicos complementasen sus retribuciones procedentes de los Presupuestos con los ingresos procedentes de su participación en empresas públicas y, en especial, en Caja Navarra", señaló.

La subida de sueldo

¿Mantendrá el Gobierno el complemento retributivo?

Que las dietas eran parte del sueldo era algo tan asumido en el Gobierno foral que cuando se decidió eliminar la Permanente, se subió el sueldo. La reforma pretendía compensar la renuncia forzada al sobresueldo de Caja Navarra y, por extensión, también al de las empresas públicas. No obstante, hasta entonces el único complemento salarial que percibía el presidente era el de la entidad financiera.

Así, y bajo el nombre de complemento de responsabilidad, se acordó un incremento salarial del 33% para la presidenta (23.178,15 euros), 16.135,81 euros para los vicepresidentes (25%), y 11.389,98 euros (17,6%) para los consejeros. Para justificar una decisión polémica en plena crisis, el Ejecutivo foral subrayó que la presidenta veía reducidos sus ingresos respecto a su predecesor en un 43%. Incluía, claro, las dietas de la Comisión Permanente. Pero si el sobresueldo de Can no tiene nada que ver con el cargo político, ¿tiene sentido el complemento de responsabilidad?

Otras vías judiciales

¿Tiene sentido investigar ahora la falta de inspección?

Aunque al inicio de la instrucción la juez Mari Paz Benito vinculó los delitos de cohecho con la prevaricación por omisión (por la falta de control del Gobierno sobre Caja Navarra), en la exposición razonada enviada al Supremo este segundo delito quedó aparcado. La magistrada lo podría retomar ahora, y proseguir la investigación para conocer hasta qué punto el Gobierno foral pudo haber evitado la desaparición de la entidad. Algo en cualquier caso complicado, tanto por la dificultad probatoria de un delito como ese, como por la situación en la que ha quedado la magistrada tras el auto del Supremo. En similar situación queda también la instrucción relativa a los créditos baratos que percibieron los consejeros de Can y sus familias. La principal vía abierta ahora queda en la Audiencia Nacional, que investiga la salida a Bolsa. Una causa abierta contra su consejo de administración, por lo que el papel del Gobierno foral en Caja Navarra queda en un segundo plano.

Más allá del ámbito judicial

Las consecuencias políticas, éticas y morales del 'caso Can'

Con el auto del miércoles, el Tribunal Supremo ha dado cobertura legal al cobro de dietas, que ya no se podrán volver a investigar. Una resolución clara que, sin embargo, los cinco magistrados que la firman han querido desvincular del plano "ético, político y moral". Es precisamente ahí donde se va a jugar la batalla a partir de ahora. UPN, con Yolanda Barcina y Enrique Maya a la cabeza, busca convertir la sentencia en un aval a su actuación en Caja Navarra. Mientras, la oposición ha destacado que más allá de lo penal, el obsceno cobro de dietas en la entidad financiera que se hundía requiere también responsabilidades políticas. Un debate que presumiblemente no culminará hasta que acabe la legislatura y los ciudadanos vuelvan a votar. Las urnas dictarán la sentencia social.