Madrid. Cuando trascendió que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, realizó aportaciones dinerarias al PP en su condición de afiliado hasta 2011, buena parte de la oposición clamó por lo que, a su juicio, podría acreditar una falta de imparcialidad en el máximo responsable de un organismo que debe, precisamente, arbitrar. Según algunas interpretaciones, su militancia no contravendría la ley ya que, para traspasar esa línea, sería necesario que hubiera ostentado puestos directivos en el PP, pero esa simpatía bastó para sembrar dudas en un momento en que el TC debe dirimir sobre los recursos contra ajustes de Rajoy, el proceso soberanista catalán, o el aborto. Mientras Catalunya, Andalucía o Arnaldo Otegi estudian pedir la nulidad de los casos que les conciernen, la oposición ha pedido la comparecencia de Cobos en el Congreso para que explique por qué ocultó ese dato cuando accedió al tribunal en 2010. El PP vetó ayer esa posibilidad.

El argumento fue sencillo y ya conocido, puesto que también se esgrimió para evitar la comparencia del expresidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, cuando estalló la polémica de sus viajes de fin de semana. En concreto, el partido esgrimió la separación de poderes, y defendió que un miembro del estamento judicial no puede ser controlado por el legislativo. Solo podrían comparecer en el Congreso los candidatos al TC cuya elección dependa de las cámaras pero, una vez convertidos en magistrados, escapan al control del Parlamento. Un argumento que no explicaría por qué el PP también vetó ayer la comparecencia de la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, para que fuera ella quien ofreciera su visión. Una petición tramitada por la Izquierda Plural y el Grupo Mixto. Tampoco prosperaron las preguntas escritas de UPyD y ERC. En ese caso, la explicación radicaría en que "el Gobierno tiene que dar cuenta de sus actos, pero no de los del TC, que es ajeno a su competencia".

PSOE, Izquierda Plural y el Grupo Mixto pretendían que el debate se sustanciara en la Diputación Permanente, pero el presidente del Congreso, Jesús Posada, lo derivó a la Mesa para que aclarara las eventuales pegas jurídicas. La Mesa terminó tumbando la petición de la oposición con los votos del PP. La vicepresidenta primera de la Mesa, Celia Villalobos, fue la encargada de detallar el porqué de la decisión, sustentada precisamente "en la independencia absoluta del TC". Además, precisó que ninguno de los aspirantes a ingresar en el tribunal fueron interrogados por su ideología, condición sexual o su pertenencia o no a una iglesia "porque lo protege claramente la Constitución". Por ello, interpretó que Cobos "está siendo víctima de un ataque de determinados medios apoyados por determinados partidos". "Intentan echar basura donde no la hay", despachó.

Asimismo, aseguró que, desde su punto de vista, el juez demostró "claramente su absoluta independencia del PP" al votar en contra del recurso del partido contra la ley de matrimonio homosexual, aunque no mencionó que ese recurso llegó a incomodar a los propios populares una vez avanzado en el debate interno sobre la homosexualidad. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, por su parte, anunció en Radio Euskadi que Lakua examinará qué pleitos ha tenido con el TC y en cuáles ha intervenido Cobos por si procediera tomar medidas.