vitoria. Han rebasado la línea continua sin avisar, adelantado por la derecha y hecho sonar un claxon estridente en zonas restringidas. El Gobierno español se ha puesto en contacto con varias administraciones vascas (ayuntamientos y diputaciones) para pedirles su colaboración en la creación de una Unidad de Víctimas de Accidentes de Tráfico (UVAT), un servicio que en virtud a la cartera de transferencias es competencia del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco y que, de hecho, ya está en funcionamiento.
La consecuencia de esta arriesgada maniobra que pone en peligro el autogobierno vasco es clara para el gabinete de Urkullu: su denuncia pública y, en el caso de que los servicios jurídicos del Ejecutivo vasco lo estimen oportuno, emprender acciones legales y presentar recurso ante el Tribunal Constitucional por "vulneración evidente de las competencias autonómicas, en la medida en que se produce una intromisión clara en un terreno que está reservado ya, con carácter exclusivo, a la Administración de Euskadi desde el año 1980, desde que se producen las trasferencias en este ámbito", aseguró ayer Josu Erkoreka, portavoz del Gobierno vasco y consejero de Administración Pública y Justicia.
Pero es que, además de esta pifia, la intención de crear en los territorios de la CAV las delegaciones de esas UVAT supondría otro pecado más. Y es que el Gobierno español incurriría en una "duplicidad", debido a que estos servicios de asistencia e información ya son ofrecidos por la Administración vasca. Todo esto, agregó Erkoreka, "en un momento en el que la Administración del Estado está poniendo en marcha una iniciativa que habla de la reforma administrativa y pretende articularse en torno a la idea de una administración, una competencia. No es una buena manera de evitar las duplicidades", zanjó.
