Bilbao. En un panorama sombrío en el que el municipalismo vasco se enfrenta a retos como la crisis económica y la Reforma de la Administración Local impulsada por el Gobierno español, Eudel ha dado un paso al frente y ha puesto en marcha un código ético que sirva de guía a los alcaldes y concejales para "poner en valor el poder político local en nuestro país", tal y como afirmó ayer la presidenta de la Asociación de Municipios de la CAV, Ibone Bengoetxea.
La asamblea general de Eudel celebrada ayer en Iruña Oka fue el marco elegido para la puesta de largo del Código de Conducta, Buen Gobierno y Compromiso por la Calidad Institucional de la Política Local Vasca. Avalado por el Consejo de Europa, que colaborará en la aplicación y seguimiento del código en los ayuntamientos vascos, esta iniciativa persigue "difundir y promover el valor de la política local vasca a través de la conducta ejemplarizante" de los cargos públicos. Se trata además de un "documento abierto con vocación de mejora continua" que no busca sancionar, sino "ofrecer una guía para la regulación de conductas y prácticas" por parte de los representantes locales. Se pretende, por tanto, "incrementar la transparencia" en sus actuaciones, al tiempo que se fomenta "la confianza de la ciudadanía en sus instituciones más próximas", según un comunicado difundido ayer por Eudel. El código de conducta establece que los cargos deberán cumplir los principios de "integridad, ejemplaridad, desinterés subjetivo, imparcialidad, transparencia, honestidad y respeto", además de "rendir cuentas por las decisiones y acciones adoptadas". En el ejercicio de sus responsabilidades públicas, tendrán que desarrollar sus funciones "con diligencia, dedicación, transparencia y voluntad de responder a sus decisiones", además de "evitar cualquier trato de favor" y abstenerse "en todas aquellas votaciones o actos en los que tenga interés personal, directo o indirecto".
El documento recoge asimismo que el regidor público "no admitirá de personas o entidades ningún regalo o servicio que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía y que sea entregado por razón de su cargo". También se señala que deberán someter todas las actividades políticas y de gestión de la entidad a la que representen "al principio de transparencia" y garantizar "las respuestas ágiles y convenientemente razonadas a las solicitudes de información que les sean cursadas". Quince ayuntamientos han asumido la aplicación de este código ético a modo de experiencia piloto. Se trata de Bilbao, Irun, Gasteiz, Santurtzi, Portugalete, Basauri, Ermua, Laguardia, Iruña Oka, Galdakao, Amurrio, Durango, Arraia-Maeztu, Etxebarri y Elgoibar.
