vitoria. La situación de los presos de ETA fue puesta ayer de nuevo sobre la mesa por parte de Amnistía Internacional. El presidente de la organización en España, Esteban Beltrán, además de pedir el fin definitivo de la banda, reclamó el final de la política de dispersión. En una rueda de prensa en el Parlamento Vasco, defendió la necesidad de que los presos cumplan sus penas "cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible" y en respuesta a peticiones de tipo individual.

Beltrán encabezó una delegación de Amnistía Internacional -completada por Virginia Álvarez, responsable de política interior, y Aitor Imaz, coordinador en la CAV y Nafarroa- que se reunió ayer con la presidenta de la Cámara vasca, Bakartxo Tejeria, y con representantes de los partidos del arco parlamentario. Por la tarde hicieron lo propio con el lehendakari, Iñigo Urkullu, con el fin de hacerles llegar una "hoja de ruta" en la que plantean acciones para la defensa de los derechos humanos en un escenario "sin la amenaza de ETA", pero también en relación con los graves efectos que la crisis genera en la dignidad de los ciudadanos.

En su comparecencia, Beltrán explicó que, con este documento, pretenden establecer "un marco común" para que las administraciones de la comunidad autónoma trabajen sobre esta materia. Explicó que Euskadi se enfrenta al "doble reto" que plantea el cese definitivo de la actividad de ETA y la gravedad de una crisis económica que está derivando en una "crisis de derechos humanos".

El máximo responsable de Amnistía Internacional en España explicó que en la guía elaborada por esta organización se subraya que no deben existir "espacios de impunidad" ni para los crímenes de ETA, ni para "las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado". Instó además a garantizar la "dignidad, justicia y reparación" de todas las víctimas, al margen de quién haya perpetrado el crimen.

Ley de partidos Los casos de torturas en el Estado español, unidos a la práctica de la incomunicación en dependencias policiales, también forman parte de la agenda de AI, que reclamó la investigación decidida de todas las denuncias de torturas y malos tratos que pudieran haber practicado las Fuerzas de Seguridad. "La no investigación eficaz de los casos de tortura es un problema estructural del Estado. No existe la tortura sistemática, pero hay más casos que casos aislados y los tribunales internacionales dicen que no se han investigado de forma eficaz", aseguró.

En relación con esta exigencia, Beltrán abogó por reformar la legislación vigente para eliminar el régimen de incomunicación de los detenidos por terrorismo, ya que "propicia la práctica de la tortura y malos tratos sin la adecuada supervisión judicial". El representante de la sección española de AI insistió en que "toda la comunidad internacional ha indicado que determinadas legislaciones penales dentro del Estado vulneran los derechos humanos", por lo que pidió que se investiguen a fondo las posibles denuncias y se atiendan las recomendaciones en esta materia de los tribunales europeos.

Esteban Beltrán consideró necesario modificar determinados artículos de la Ley de Partidos para que no haya "ambigüedad" en su aplicación. También reclamó que se cambie el Código Penal, dado que algunos de sus apartados "pueden aplicarse a personas que reclaman fines como la independencia sin realizar actos violentos".

La guía también recoge recomendaciones para evitar la vulneración de los derechos humanos en un contexto de crisis económica. Como ejemplo de ello, Beltrán defendió que la legislación autonómica contenga mecanismos para que los ciudadanos puedan defenderse cuando se vea atacado su derecho a la salud o a la vivienda.

La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, recibe a los miembros de Amnistía Internacional. Foto: Dna