HACIA EL FINAL DE ETA >

El Gobierno español sepulta la negociación con un golpe de efecto a la estructura de ETA

Míriam Vázquez

vitoria. La puesta en libertad condicional del preso Iosu Uribetxebarria desató toda una tormenta política en el PP. Las explicaciones del Gobierno español, que se afanó en precisar que la decisión se ajustaba a la ley y atendía al delicado estado de salud del recluso, no sirvieron para mitigar el malestar en determinados colectivos de víctimas, a quienes removía la posibilidad de que abandonara la cárcel uno de los artífices del icónico secuestro de Ortega Lara. Las críticas también estallaron en el partido y reflotaron al sector más inmovilista, encarnado por Esperanza Aguirre o Jaime Mayor Oreja. La gestión de la paz seguía tocando fibra sensible en el PP. Tras ese agitado septiembre, se esfumaron las opciones de que Rajoy pudiera entablar un diálogo con ETA. Madrid endureció su discurso, pidió el desarme, y dejó claro que, en todo caso, la política en las cárceles se flexibilizaría tras la disolución de la organización. Ayer dio un paso más para dinamitar cualquier expectativa de negociación deteniendo de un plumazo a seis presuntos activistas que estarían relacionados, además, con el aparato logístico.

El Gobierno español volvió a lanzar un mensaje a la organización con la detención de seis supuestos miembros de ETA controlados desde hacía varios meses, -se estima que mantiene alrededor de medio centenar de activistas en la clandestinidad- y lo hizo en una operación con cierto boato, ya que se desarrolló de manera coordinada en tres ciudades francesas notoriamente distantes entre sí, y fruto de la cooperación entre la Guardia Civil y la Policía gala. Los detenidos constituirían, además, el "núcleo esencial" de la logística de la banda, la estructura que se habría convertido en el sostén de la organización tras el cese de la violencia. Tras la operación, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz avisó de que las detenciones "sitúan a ETA ante lo inevitable: o se disuelve, o se reducirá a unas siglas, como los Grapo". "Estamos ante un día importante en el marco de la desaparición de ETA", sentenció.

más actuaciones El gabinete de Mariano Rajoy estrecha así el cerco sobre la organización y trata de enterrar cualquier expectativa de interlocución, que sería percibida como una cesión por buena parte de la base social del PP. Frente a la petición de la izquierda abertzale, que reclama activar el diálogo para atar cuestiones como la política penitenciaria, Madrid vincula cualquier flexibilización de la actuación en las cárceles a un desarme previo y siempre desde el estricto cumplimiento de la ley. Desde que ETA decretara su cese definitivo el 20 de octubre de 2011, ya han sido detenidos 43 presuntos miembros de la organización, 11 de los cuales han sido arrestados este mismo año.

El Ejecutivo completa de este modo el círculo de actuaciones para presionar a la organización hacia la entrega de armas, unas medidas que han abarcado desde el cierre del grifo en materia penitenciaria hasta el aumento de la vigilancia a la izquierda abertzale. El Gobierno español habría acreditado su postura en debates como el de la doctrina Parot, que deberá resolver la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El ministro del Interior lanzó una ofensiva diplomática a nivel europeo para posibilitar un fallo a favor de esa doctrina, por la cual los beneficios penitenciarios se aplican sobre cada una de las penas y no sobre el máximo de estancia en prisión -treinta años-. El popular avisó a sus homólogos europeos de que el fallo afectaría a todos los países, y trató de encender las alarmas al avisar de que derogar esa doctrina pondría en la calle no solo a presos de ETA, sino a otros delincuentes. Si Europa vetara ese método de cómputo de penas, Madrid se vería obligada a abrir una grieta en su inmovilismo, y daría aire a la izquierda abertzale, un horizonte que justificaría el empeño del PP en la defensa de la doctrina. El ministro llegó a asegurar que cabría hacer "ingeniería jurídica" para paliar un eventual fallo en contra.

El Gobierno español también ha ralentizado la vía Nanclares, que ha servido para conceder beneficios penitenciarios a presos desvinculados de ETA y que han cumplido los requisitos del Código Penal. Desde Madrid han negado que obedezca a ninguna directriz, y han encuadrado el rechazo a varias peticiones de los reclusos en cuestiones puntuales y en el historial concreto de cada reo. Por otra parte, diferentes informaciones apuntaron que tanto el Estado español como el francés presionaron a Noruega para que expulsara a la delegación de ETA desplazada al lugar a finales de 2011 con el propósito de iniciar el diálogo con Madrid.

En las últimas semanas, el PP ha trasladado esa misma presión a la izquierda abertzale, impulsando la investigación de las declaraciones de sus portavoces que podrían incurrir en un delito de enaltecimiento. Por el momento, el Gobierno español no ha cruzado el rubicón para decidirse a incoar un nuevo proceso de ilegalización, pero el fiscal general del Estado ha posado su espada de Damocles sobre Sortu al avisar de que está "recabando datos".

Las detenciones de ayer colocan la guinda a ese marcaje. En cuanto a los detalles del operativo y de los arrestados, el Ministerio español detalló ayer que los detenidos se habrían organizado en tres células. En concreto, Ekhine Eizagirre y Kepa Arkautz, arrestados en Blois, formarían parte del aparato de falsificación; Raúl Aduna y Andoni Goikoetxea, aprehendidos en Brive-la-Gaillarde, gestionarían los zulos; e Igor Uriarte y Julen Mendizabal, detenidos en Montpellier, se habrían encargado de la célula dedicada al robo de vehículos. En la operación habrían resultado claves las pistas obtenidas en octubre tras la captura de la presunta jefa del aparato logístico Izaskun Lesaka, así como las conversaciones que habrían sostenido anteayer Fernández Díaz y su homólogo galo Manuel Valls.

Los supuestos activistas fueron detenidos en sus domicilios en posesión de documentación y de algunas armas, aunque no se concretaron el número ni los portadores.

Uno de los supuestos miembros de ETA detenidos ayer en el Estado francés. Foto: efe

"ETA está ante lo inevitable: o se disuelve, o se reducirá a unas siglas, como el Grapo "

Jorge Fernández Díaz

Ministro del Interior

El Ejecutivo español endureció su discurso tras la polémica libertad condicional

de Iosu Uribetxebarria

Mientras la izquierda abertzale pide dialogar, Madrid exige el desarme antes de flexibilizar la política en las cárceles