Vitoria. Los cerca de 12.000 trabajadores públicos eventuales que cobraron la paga extra navideña el año pasado conservarán este dinero que, según cálculos del Gobierno Vasco, asciende a ocho millones de euros. Así será al menos mientras el Tribunal Constitucional no dicte una sentencia firme sobre esta cuestión, para lo que podría emplear entre tres y siete años, según calcula el Ejecutivo.

El portavoz del Gabinete autonómico, Josu Erkoreka, admitió ayer que la "contundencia" con la que el alto tribunal se ha pronunciado en favor de mantener la suspensión cautelar de esta retribución a los funcionarios vascos no permite albergar "muchas esperanzas" de que vaya a modificar su criterio, aunque la ausencia de referencias al personal eventual en su fallo, en contra de las demandas al respecto presentadas por el Gobierno Vasco ante los magistrados encargados de dirimir sobre este asunto, tendrá como consecuencia que el Gabinete Urkullu no solicite a estos trabajadores el dinero cobrado. "Hasta que el tribunal no se pronuncie sobre el fondo del asunto, las cantidades que fueron satisfechas por el Gobierno Vasco a los empleados públicos temporales o eventuales (...) no van a ser reclamadas por el Gobierno Vasco", afirmó Erkoreka, para quien el fallo cautelar deja a los trabajadores eventuales "en una situación de grave inseguridad jurídica".

Incremento de jornada En su intervención tras la celebración del Consejo de Gobierno semanal, el portavoz y titular de Justicia y Administración Pública también se refirió a la proposición aprobada la semana pasada por el Parlamento Vasco, con el apoyo de EH Bildu, PSE y UPyD, que insta al Ejecutivo autonómico a derogar el decreto que incrementa la jornada laboral de sus funcionarios.

Erkoreka ironizó con un pacto entre partidos "antagónicos" que resumió como el "puente de plata" que el secretario general del PSE, Patxi López, puso entre la líder de UPyD, Rosa Díez, y "Batasuna" para sacar adelante una propuesta con el único fin común de "perjudicar al Gobierno Vasco", pese a que la consecuencia directa será "perjudicar a los funcionarios".

Por ello, el portavoz del Ejecutivo destacó que están "analizando" la proposición acordada por la Cámara vasca y su aplicación.