madrid. Antonio Villaverde, uno de los presuntos testaferros de la trama Gürtel, reconoció ayer en sede judicial que sabía perfectamente que las cuentas que manejaba de los imputados Francisco Correa, Pablo Crespo y el exalcalde de Majadahonda por el PP, Guillermo Ortega, eran opacas a la Hacienda española, pero que desconocía cuál era su procedencia última. Villaverde, imputado por blanqueo de capitales y un delito contra la Hacienda pública, admitió ante el juez Pablo Ruz que llegó a mover una cuantía total de hasta 1,8 millones de euros de fondos de estos tres imputados, aunque aseguró que del total de todos sus clientes ha llegado a gestionar entre 300 y 400 millones y que su comisión era del 0,5% de los saldos medios anuales.

Durante su declaración aclaró además que su labor como mediador de esas cuentas en el extranjero, principalmente en Suiza, era a nivel de gestor, pero no de administrador. De este modo, explicó que su actividad consistía fundamentalmente en materializar las órdenes de transferencia que recibía de los titulares de esas cuentas en Suiza.

Al ser preguntado si conocía que alguno de sus clientes como el exregidor de Majadahonda pertenecían al mundo de la política, Villaverde asegurado que ni lo sabía ni tenía por qué saberlo, ya que la cuenta de Ortega se abrió en noviembre de 2001 y no fue hasta 2006, a raíz de una directiva europea, cuando se hizo obligatorio que los bancos exigieran un cuestionario a los titulares de las cuentas para conocer la procedencia del dinero y los riesgos. Por ello manifestó que, si bien sabía que esas cuentas eran opacas al fisco, él no entraba a conocer si eran procedentes de una actividad delictiva porque él no era quien lo tenía que investigar.

Negativa Por otra parte, el PP expresó ayer en el Congreso su rechazo a tramitar la proposición de ley del PSOE para modificar la Ley General Tributaria con el fin de poder publicar el nombre de los beneficiarios de la amnistía fiscal, una reforma apoyada por todos los grupos de la oposición salvo CiU, que prefirió abstenerse. En concreto, el PSOE pedía cambiar el artículo 95 de la Ley General Tributaria para eximir del carácter reservado general que tienen los datos con trascendencia tributaria a las personas, sociedades y entidades con personalidad jurídica que se acojan a este tipo de procesos, independientemente de cómo se llaman, así como para poder publicar los importes y cuotas declaradas.

"No indulta ni encubre" En este sentido, la portavoz del área de Hacienda del Partido Popular, la diputada cántabra Ana Madrazo, argumentó que la amnistía "no indulta ni encubre a ningún delincuente porque el posible origen ilícito que la Agencia Tributaria detecte en los bienes o rentas declarados será investigado por los tribunales y el servicio de blanqueo de capitales".

A renglón seguido, recordó que el Ministerio de Hacienda está ya estudiando la "posible modificación del artículo 95 para posibilitar la publicidad de obligados tributarios deudores de la hacienda pública en que concurran determinadas circunstancias que califiquen la situación como especialmente relevante".