Bilbao

En mayo de 2012 Fernando de Luis Astarloa y José Manuel Fernández Pérez de Nanclares fueron los dos primeros internos que lograron la libertad condicional a través de la vía Nanclares, un programa de reinserción para presos de ETA puesto en marcha en 2010 por el entonces ministro del Interior y en la actualidad secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba.

Tanto Astarloa como Fernández Pérez de Nanclares pasaron por todos los estadios del programa. Primero fueron acercados a cárceles consideradas laboratorio como Villabona (Asturias) o Zuera (Aragón), posteriormente fueron trasladados a la prisión alavesa de Nanclares de Oca. Disfrutaron de permisos de hasta 36 días al año, accedieron a la semilibertad gracias al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y posteriormente alcanzaron el tercer grado antes de lograr la libertad condicional. Los dos reclusos habían manifestado por escrito su renuncia a la violencia, reconocieron el daño causado y se comprometieron a hacer frente a las indemnizaciones.

La vía Nanclares, que acoge a una veintena de presos entre los que encuentran reclusos históricos que en su día fueron destacados miembros de ETA como Joseba Urrosolo Sistiaga, Carmen Gisasola, José Luis Álvarez Santacristina, Valentín Lasarte, Rafael Caride Simón, Kepa Pikabea o Idoia López Riaño, fue impulsada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero como un elemento eficaz para romper con las posiciones monolíticas que mantenían los reclusos encuadrados dentro del denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK). La mayor parte de los reclusos de la vía Nanclares hacía años que habían roto con la organización. Valga como ejemplo el recorrido vital realizado por dos carismáticos reclusos: Urrosolo Sistiaga y Carmen Gisasola. Urrosolo mostró sus primeras discrepancias tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Años después decidió abandonar ETA y posteriormente reconoció el daño causado. Carmen Gisasola, por su parte, estando encarcelada en el Estado francés mostró su crítica con la dirección de ETA y en 1998 firmó un artículo titulado Nos ilusiona lo de Irlanda, que supuso su definitiva expulsión de la organización. Así, diez años antes de que se impulsara la vía Nanclares, tanto Urrosolo como Gisasola se habían desvinculado de ETA.

Tras la llegada al poder de Rajoy en noviembre de 2011, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz aseguró que su intención era potenciar la vía Nanclares -"La promovemos y la impulsamos porque es la que más se adecúa al espíritu de la Constitución" (12 de marzo de 2012)-. Sin embargo, apenas una semana después el responsable de Interior comparecía ante el Senado y afirmaba todo lo contrario: "Desde el 20 de octubre, la vía Nanclares ha quedado, de momento, en suspenso" (21 de marzo de 2012). Desde entonces, todos los pasos dados por el Ejecutivo popular hacen indicar que, de una manera consciente y estudiada, ha apostado por ralentizar esta vía de reinserción.

Reinserción individual De este modo, el Gobierno español lanzó un mes después, en abril del pasado año, un nuevo programa de reinserción individualizada para los presos de ETA. En una primera fase los reclusos debían expresar de forma explícita su abandono de la violencia y hacer visible su desvinculación con la organización armada. Este primer paso implicaría un acercamiento a cárceles vascas o próximas a la Comunidad Autónoma Vasca o Nafarroa. En una segunda fase, se exigía el arrepentimiento del preso, el reconocimiento del daño causado y su intención de hacer frente a las indemnizaciones. Una vez cumplimentada esta segunda fase, el recluso podía acceder a los beneficios penitenciarios. Sin embargo, desde que se puso en marcha este plan de reinserción, ningún preso se ha acogido al mismo.

Mientras tanto, aquellos primeros reclusos que habían dado un paso al frente y posteriormente se acogieron a la vía Nanclares han mostrado su malestar por la actitud mantenida por el Gobierno español. Esta misma semana se ha conocido la negativa de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, de conceder el tercer grado a Iñaki Rekarte y Kepa Pikabea, así como la negativa de conceder permiso de salida de varias horas al día para Aitor Bores. Estas medidas habían sido propuestas por la junta de tratamiento de la prisión de Araba donde se encuentran internados los tres.

Según Interior, esta negativa no supone un carpetazo a la vía Nanclares, a la que pertenecen estos reclusos, sino que se trata de un caso puntual motivado por el hecho de que Rekarte, Pikabea y Bores no cumplían con los requisitos al tener por delante mucho tiempo de condena, así como una elevada responsabilidad civil que deben abonar. Rekarte, detenido en 1992, tiene una condena de 203 años; Pikabea, detenido en el Estado francés en 1994 fue condenado por la Audiencia Nacional a 192 años; Aitor Bores fue arrestado en 1998 y tiene una condena de 70 años. En cuanto a las indemnizaciones, a Rekarte le queda por abonar 120.000 euros, una cuenta pendiente que asciende a 600.000 euros en el caso de Bores. Tras esta negativa de Interior, ahora es el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, quien tiene la última palabra y debe decidir si ratifica la negativa de Prisiones o se aviene a la recomendación hecha por la junta de tratamiento de la prisión alavesa. Con anterioridad a la negativa a estos tres presos, Interior también denegó hace varios meses salidas puntuales para Urrosolo Sistiaga, Valentín Lasarte y Caride Simón, otros tres reclusos de la vía Nanclares.

presión de las víctimas Lo cierto es que la actitud de Interior viene a ratificar la decisión adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy de frenar cualquier movimiento sobre los presos de ETA hasta la que la organización armada no anuncie su disolución de forma definitiva.

La excarcelación de Iosu Uribetxeberria Bolinaga, puesto en libertad en septiembre de 2012 debido a un cáncer terminal, levantó una riada de críticas por parte de diversas asociaciones de víctimas. A raíz de aquella puesta en libertad, el Ejecutivo popular, pendiente de los movimientos que podrían realizar estos colectivos de víctimas, se ha cerrado en banda en todo lo concerniente a los presos, negándose a realizar cualquier tipo de movimiento. Así, en el último mes, el ministro del Interior Fernández Díaz se ha volcado para recabar apoyos internacionales a la doctrina Parot ante la revisión que realizó el pasado día 20 el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo con motivo del recurso presentado por el Ejecutivo de Rajoy a una sentencia anterior que daba la razón a la presa Inés del Río, a la que se aplicó esta doctrina. Además de apostar por la aplicación de la doctrina Parot, el Ejecutivo popular se ha negado a tomar medidas sobre 13 presos que, según Etxerat, padecen enfermedades graves y, en muchos de los casos, incurables.

"Que ETA se disuelva y después se vera". Esa es la postura del Gobierno PP. Hasta entonces, todo ralentizado, incluida la vía Nanclares.