Madrid. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunció ayer que a partir del 1 de abril Interior incorporará vigilantes de empresas de seguridad privada en la custodia de 21 centros penitenciarios, lo que interpreta como un primer paso para "privatizar la seguridad" en las cárceles. El pasado 1 de agosto, Interior anunció la puesta en marcha en el último trimestre del año del plan de privatización de parte del servicio de seguridad en 21 prisiones, tareas que asumirían vigilantes privados, entre ellos escoltas de la CAV y Nafarroa que protegían a personas amenazadas por ETA.
Según un comunicado de la AUGC, en los últimos días ha ido llegando a las diferentes Unidades de Seguridad Penitenciaria afectadas por la privatización, una orden de la Dirección General de la Guardia Civil anunciando que a partir del 1 de abril se incorporarán vigilantes de seguridad privada "como refuerzo a los componentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE)". "Esta decisión confirma lo que AUGC denunció hace un año, que la intención del gobierno popular de recolocar al personal de las empresas de seguridad privada afectadas por la reducción de escoltas en el País Vasco no era sino una burda excusa para llevar a cabo la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios".
Aseguran que quienes van a incorporarse a esas prisiones, no son escoltas "sino vigilantes de varias empresas de seguridad privada que han constituido una UTE (unión temporal de empresas) para hacerse con este suculento negocio". En el documento remitido a las prisiones, según indica AUGC, se afirma que "en ningún caso supondrá una reducción de efectivos de las unidades de las FSE, tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en la fase inicial, considerada como experiencia piloto". Sin embargo, prosigue la asociación, el documento añade que en función de los resultados de esta experiencia y de las disponibilidades presupuestarias, "podría iniciarse una sustitución progresiva de las FSE por miembros de la seguridad privada".
