barcelona. La Fiscalía Anticorrupción investiga no sólo la presunta escucha ilegal del almuerzo que compartieron la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, y una expareja de Jordi Pujol Ferrussola, sino también su posible posterior comercialización y difusión. Así lo confirmaron ayer fuentes judiciales, tras la declaración como testigos de Sánchez-Camacho y de Maria Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol hijo, ante el juez de instrucción de Barcelona que investiga la denuncia que presentó el PPC por la supuesta escucha ilegal de la que ambas fueron víctimas. A raíz de esa denuncia, presentada ante la Policía Nacional, fueron detenidos el dueño y tres extrabajadores de la agencia de detectives Método 3, que se encargó de realizar la grabación de la conversación.

Los fiscales Anticorrupción interrogaron a ambas testigos, que también han sido aceptadas como perjudicadas en la causa, sobre la circunstancias de la cita en un restaurante barcelonés y sobre el momento en el que tuvieron constancia de que habían sido grabadas ilegalmente. La expareja de Jordi Pujol explicado que supo que su conversación se había grabado por un periodista que la llamó para advertirle, lo que demostraría que la conversación fue comercializada.

Al respecto, Alicia Sánchez-Camacho afirmó que su formación seguirá actuando para que se aclaren unos hechos tan graves como son la "venta y difusión de información de una conversación privada grabada de forma ilegal".