VITORIA. Con la exposición de las cuestiones previas y la declaración de los tres acusados dará comienzo hoy en la Audiencia Provincial de Álava el juicio por la supuesta trama de espionaje a personalidades de la política y la empresa del territorio de la que se sitúa como principal responsable al exburukide del ABB del PNV Aitor Telleria. Un caso que estalló en 2010, fruto de las investigaciones abiertas en el marco más amplio del denominado caso De Miguel o caso Miñano, que supuso un auténtico terremoto político a comienzos de 2010 en Araba, tocando de lleno al Gobierno foral del entonces diputado general, el jeltzale Xabier Agirre, y al propio Araba Buru Batzar.

Prácticamente tres años después, llega por fin a juicio como pieza separada del sumario original este supuesto entramado de espionaje en el que, además de Telleria, están supuestamente implicados dos agentes de la antigua Unidad de Información y Análisis de la Ertzaintza; un entramado que habría afectado a una veintena de personas del ámbito político y empresarial de Araba, caso de dirigentes socialistas como Txarli Prieto y Patxi Lazcoz o el popular Santiago Abascal.

El juez instructor de la causa, Roberto Ramos, ordenó hace ya más de un año la apertura de juicio oral -el proceso se ha dilatado por la recusación de la sala que solicitó el propio Ministerio Público- atendiendo la petición de la Fiscalía, que reclamaba cuatro años de prisión para cada uno de los tres imputados por un presunto delito continuado de violación de secretos, en calidad de autores en el caso de los dos ertzainas y como cooperador necesario, en el de Telleria.

El hilo del que tiran tanto el juez instructor como el fiscal jefe de Álava, Josu Izagirre, son los archivos de word con datos de personalidades del territorio con fecha de junio de 2008 que se le incautaron al exdirigente jeltzale durante el registro de su domicilio con motivo de la investigación principal de la supuesta trama que dirigía el exdiputado foral Alfredo de Miguel. A juicio del Ministerio Público, esa documentación evidencia que los acusados ya antes de esa fecha se pusieron de acuerdo para que los agentes facilitaran a Telleria información a la que pudieran acceder en razón de su trabajo.

Está previsto que el juicio, que comenzará a primera hora de hoy, se prolongue hasta el miércoles o jueves. A lo largo de estos días están citados a declarar hasta 44 testigos y fuentes judiciales no descartan que las conclusiones se retrasen al jueves. En su escrito, la Fiscalía solicita, además de los cuatro años de prisión, la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo a Telleria y del ejercicio como ertzaina para los dos agentes -que ya fueron suspendidos por Interior apenas unos días después de haber sido llamados a declarar en calidad de imputados- durante cuatro años, así como 18 meses de multa a razón de 30 euros diarios y tres años de suspensión de empleo o cargo público. Izagirre pide además que los acusados o el Gobierno Vasco indemnicen a los afectados con cantidades entre 3.000 y 50.000 euros, por un montante total de 342.000 euros.