Vitoria La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, confirió a su primera intervención en el Parlamento Vasco, el pasado 4 de febrero, un hondo cariz político al poner sobre la mesa la necesidad de acometer un "repliegue" de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi, adecuando su número al nuevo tiempo sin violencia de ETA. A las razones aducidas en los días siguientes para justificar esta reivindicación -el cumplimiento del Estatuto de Gernika y el elevado coste de la presencia de las FSE, 500 millones de euros anuales- se sumará hoy, durante la reunión que mantendrá en Madrid la consejera con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, la denuncia sobre la progresiva invasión competencial de Guardia Civil y Policía española a atribuciones de la Ertzaintza.

El encuentro, celebrado a petición de la consejería vasca, servirá, por tanto, para acometer una problemática que ya empezó a detectarse a finales de la legislatura pasada. Un portavoz autorizado del Departamento de Seguridad explicó a DNA que este desajuste se ha producido en "asuntos de Seguridad Ciudadana e investigación del delito, con actuaciones que se desarrollan en su totalidad y se dan a conocer pese a que son competencia exclusiva de la Ertzaintza". Amplió esta situación a temas de extranjería y puso como ejemplo que "tras una detención de la Ertzaintza, la colaboración de las FSE no ha sido lo suficientemente rápida y nos ha faltado información".

A todo ello se une una "sobreactuación" en el establecimiento de controles de carretera, algunos de los cuales se comunican con antelación a la Policía vasca, "pero otros no". En consecuencia, la delegación vasca trasladará al ministro la necesidad de mejorar "mecanismos ya establecidos en cuestiones de coordinación y de compartir bases de datos". "Zapatero a tus zapatos, que cada cual haga uso de las competencias que le corresponden", resumió la fuente consultada.

Esta situación salió a la palestra el verano pasado como consecuencia de la rebelión protagonizada por los jefes de división de la Ertzain-tza en respuesta a la supeditación a las Fuerzas de Seguridad del Estado que, a su juicio, se iba a producir en las dos etapas de la Vuelta que iban a pasar por Euskadi el 20 y 21 de agosto. La Guardia Civil tuvo finalmente un papel activo en dichas etapas, pero el Gobierno vasco y el Ministerio del Interior se emplazaron a solucionar el conflicto competencial antes del final de septiembre. Una pretensión que quedó en agua de borrajas tras la renuncia al cargo del exconsejero de Interior Rodolfo Ares, pero que podrá ser retomada a partir del encuentro de hoy.

Junta de Seguridad Queda por comprobar el grado de concreción que se derivará de la reunión y si de la misma saldrá un compromiso para la convocatoria de la Junta de Seguridad, el órgano donde se dirimen todas estas cuestiones. Respecto a una posible futura visita de Jorge Fernández Díaz a Euskadi, desde el Departamento de Seguridad afirmaron que la celebración de la Junta de Seguridad "sería una buena oportunidad para ello".

En su comparecencia parlamentaria de principios de febrero, Estefanía Beltrán de Heredia afirmó, en referencia al fin de las acciones armadas de ETA, que "en esta situación esperanzadora este despliegue se justifica menos que nunca. A través de la Junta de Seguridad debemos acordar cómo hacerlo y desarrollarlo. Debe ser ajustado a las necesidades y a las funciones y competencias de cada uno". Una declaración a la que se opuso con firmeza el delegado del Gobierno español en la CAV, Carlos Urquijo, por considerar que ETA sigue activa.

Las reivindicaciones de la consejera se completan con la asunción por parte de la Ertzaintza de todas sus atribuciones como policía integral, lo que incluye su participación en todos los foros de seguridad de la Unión Europea "con pleno derecho", entre ellos el Acuerdo de Schengen sobre controles fronterizos. En su primera toma de contacto, Beltrán de Heredia planteará a su homólogo un "diagnóstico de la nueva situación" y de la forma de adecuarse a la misma, así como su disposición a trabajar por la "cooperación y coordinación" entre los distintos cuerpos policiales.