madrid. Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere medir la voluntad del Gobierno de Mariano Rajoy de luchar contra la corrupción y el próximo miércoles, en la sesión de control programada en el Pleno del Congreso, le pedirá que dé el paso de tipificar como delito el enriquecimiento ilícito de los políticos y la financiación ilegal de los partidos.

El partido de Rosa Díez recuerda que en octubre de 2012, en una interpelación anterior al Gobierno sobre reformas legales contra la corrupción, promovió la aprobación de una moción, pactada con el PP, para acometer "las reformas legales necesarias que posibiliten que los acusados por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos públicos".

También logró, a través de una enmienda aceptada por el PP en la reforma del Código Penal en materia de fraude, que los partidos políticos y los sindicatos dejasen de estar exentos de responsabilidad penal, equiparándose al resto de las personas jurídicas. Aunque fue "un paso importante", UPyD sostiene que esa reforma penal no es suficiente pues "la situación de impunidad permanece, como lo demuestra los actuales escándalos de financiación ilegal que afectan a diversos partidos y la existencia de numerosos cargos públicos, actuales o pasados, con un patrimonio y un nivel de vida que son difícilmente justificables con sus retribuciones oficiales".

Respecto a los cargos públicos electivos, UPyD cree necesario incorporar a la legislación penal el conocido como delito de enriquecimiento ilícito o injusto, "cuyo elemento fáctico típico se sustentaría en el incremento de patrimonio desproporcionado de un político en relación con los ingresos que, por obligación legal, debe declarar públicamente".

Para finalizar, considera "imprescindible" reforzar el régimen de responsabilidad de aquellos gestores públicos que, "bien de forma dolosa o bien por negligencia grave, hayan causado, por actos u omisiones contrarios a la Ley, daños patrimoniales a los bienes o al caudal público, incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo".

Así, "a los políticos que ocupen cargos en sociedades o entes públicos, muchos de las cuales están espléndidamente retribuidos, se les podría exigir responsabilidades personales y patrimoniales.