vitoria. El Gobierno Vasco considera que el momento actual es el idóneo para ahondar en la reforma estatutaria, una histórica demanda que el Gabinete presidido por Iñigo Urkullu confía en que se traslade al Parlamento en las próximas semanas para avanzar en un camino que hasta ahora no ha podido franquear el muro impuesto por Madrid.

La reivindicación no es nueva, pero sí el escenario; una Cámara vasca donde todas las principales corrientes políticas de la CAV están representadas después de que la izquierda abertzale se incorporara tras los últimos comicios, y en un escenario global en el que la crisis supone "una coartada" para "llevar a cabo una mutación del bloque de la constitucionalidad, que erosiona sin contemplaciones los poderes autonómicos".

Así lo expuso ayer el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, quien protagonizó la última de las comparecencias del Gabinete Urkullu en sede parlamentaria para explicar cuáles serán los ejes de su gestión en los próximos cuatro años.

A diferencia de las intervenciones de la mayoría de sus compañeros de gobierno, los recortes no fueron esta vez los principales protagonistas a la hora de definir la hoja de ruta de su departamento, tal y como recordó la dirigente popular Arantza Quiroga, sino que Erkoreka se volcó en detallar una abultada batería de proyectos encabezados por la búsqueda de nuevas cotas de autogobierno para Euskadi.

El también portavoz del Ejecutivo autonómico dejó patente desde el inicio de su extensa intervención que esta aspiración no partirá desde un texto del Gobierno Vasco, sino que es una invitación al Parlamento para que retome el debate sobre la modificación del Estatuto de Autonomía de Gernika, el único junto al gallego que en sus más de tres décadas de existencia no ha variado los enunciados con los que fue alumbrado, según recordó el titular del área.

A este inmovilismo se ha aparejado un bloqueo en su desarrollo que pese a los goteos de los últimos años sigue presentando competencias sin transferir a la Administración de la CAV por parte del Estado. Por este motivo, el Gobierno Vasco prestará especial atención al cumplimiento del marco normativo -un objetivo "irrenunciable e imprescriptible", en palabras de Erkoreka- a la espera de que de la Cámara brote un acuerdo que varíe los actuales enunciados.

A modo de avance, la comisión celebrada ayer puso de manifiesto las postura de las diferentes bancadas sobre esta iniciativa, con los representantes de PP y UPyD interesados en saber si la variante a la que hizo alusión Erkoreka es un "Plan Ibarretxe II" o si la apuesta del PNV se limita exprimir la capacidades del Estatuto actual.

El PSE por su parte, cuestionó al consejero si el cambio en el marco normativo se debía a la necesidad de adecuación ante la puesta en escena de nuevas leyes como la ansiada Ley Municipal -también recogida en la hoja de ruta que desgranó el consejero- o si, por el contrario, la intención es provocar un distanciamiento con el Estado que los socialistas rechazan. Así lo expuso la portavoz de este grupo en el debate de ayer, la exconsejera de Justicia, Idoia Mendia, aunque tras formular sus preguntas abandonó la comisión por motivos de "agenda" privando a los presentes de un debate entre el pasado y presente que hubiera permitido confrontar los dos modelos.

EH Bildu, por su parte, otorgó su plácet a una apuesta soberanista, aunque con el deseo de que este debate no se ciña al Parlamento Vasco, sino que también se amplíe a otros foros allende los muros del Legislativo.

líneas básicas En el repaso a las líneas básicas ligadas a la gestión de su Departamento, Erkoreka avanzó un recorte del 20% de los altos cargos y personal de confianza del nuevo Gobierno, una reducción que en igual medida se aplicará al entramado institucional y al vinculado a la Administración pública.

Esta estrategia en pro del máximo beneficio del personal y la potencialidad del Ejecutivo está estrechamente ligada a la creación de la Ley de la Administración Pública que Erkoreka incluyó en una lista de proyectos donde también ocupa un lugar privilegiado el Código Ético, la vía que el Gabinete Urkullu diseñará para "restablecer la confianza en la política".