vitoria. El consejero Josu Erkoreka afronta el reto de garantizar el acceso a la Justicia de los colectivos más vulnerables, en clara contradicción con el polémico reajuste en esta materia emprendido por el ministro Alberto Ruiz Gallardón a través de la Ley de Tasas, como una de las señas de identidad que diferencien en los próximos años el trabajo realizado por estas administraciones.

Fijado el objetivo, falta por concretar cómo se materializará, aunque en este camino el dirigente jeltzale avanzó ayer en su comparecencia parlamentaria que el Gobierno Vasco ha dado los primeros pasos. Anunció que Lakua está estudiando la creación de un fondo con el que afrontar "el abono de las actuaciones que difícilmente obtendrían compensación por otra vía". A la espera de ultimar los detalles de este proyecto, el titular del área explicó que la intención es que este fondo combine las cantidades procedentes de las arcas públicas con un porcentaje aún por determinar que aportarían los profesionales de la judicatura.

En este sentido, Erkoreka expuso que su intención es concertar reuniones con los colegios que agrupan a estos profesionales para entre ambas partes buscar una salida que haga frente a las consecuencias de la Ley de Tasas.

Los ciudadanos también verán garantizado el derecho a usar cualquiera de los dos lenguas oficiales de la CAV en su relación con la Administración de Justicia, según avaló ayer el dirigente jeltzale, gracias a herramientas como un curso especial de esta lengua para los funcionarios y un proyecto que permitirá que todo el proceso que supone un pleito se desarrolle en euskera. Otra de las cuentas pendientes que el Gobierno Vasco pretende corregir en esta legislatura es la relación de los jóvenes y la Justicia, un reto en el que el objetivo pasa por situar a Euskadi "a la vanguardia del Estado en materia de reinserción y resocialización de los menores infractores". Las líneas estratégicas llevadas a la práctica permiten que el menor "tome conciencia del daño ocasionado y pueda, mediante un adecuado proceso formativo, avanzar hacia su reinserción social", según comentó el consejero.

Esta dinámica quedará refrendada en el IV Plan de Justicia Juvenil que el Ejecutivo de Urkullu abordará en los próximos meses "de forma global", lo que significará que varios departamentos se involucren en esta iniciativa.