madrid. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación permitirá a las Comunidades Autónomas abrir oficinas en el extranjero para promocionarse, pero informando previamente al Gobierno. Según consta en el borrador del anteproyecto de la Ley de Acción Exterior, el Ministerio de Hacienda deberá hacer un informe sobre si la propuesta autonómica responde al principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos. El anteproyecto del Ministerio dirigido por José Manuel García-Margallo introduce aquí un aspecto muy novedoso, pues establece que ese informe de Hacienda "tendrá carácter vinculante cuando se trate de Comunidades Autónomas que hayan incumplido su objetivo de estabilidad presupuestaria".
La norma recoge la oferta que García-Margallo ha hecho a las comunidades autónomas, y que ya se está aplicando, para que instalen sus oficinas en el exterior dentro de las Embajadas con el fin de ahorrar costes cuando así lo permita la disponibilidad de espacio en la legación.
El principio que impregna todo el anteproyecto de la ley es el de la unidad de la acción exterior, que hoy ejercen desde el Gobierno, la Corona, las Cortes, hasta las Fuerzas Armadas, pasando por las Comunidades Autónomas y los entes locales, entre otros. El ministro, cuya intención inicial era haber presentado el anteproyecto al Consejo de Ministros para su aprobación antes del verano, reconoció el miércoles pasado que las negociaciones en torno al borrador de la norma que su departamento tiene preparado desde hace "cinco meses" no están siendo "en absoluto sencillas". Admitía que su propuesta no contaba aún ni con el consenso dentro de la Carrera Diplomática ni con el resto de otros Ministerios a los que afectaría la ley. En un desayuno informativo, revelaba que "casi todas" las observaciones que otros departamentos han presentado al borrador "tienen carácter corporativo". Las pegas que otros Ministerios ponen a la propuesta de García-Margallo tienen que ver fundamentalmente con la intención del ministro de convertir a las Embajadas en los verdaderos coordinadores de la acción exterior del Estado, según fuentes diplomáticas.
Inspirándose en el modelo del servicio exterior europeo, Exteriores ha propuesto que, de forma paulatina, todas las oficinas de la Administración se vayan integrando en la Embajada y que los diferentes agregados y consejeros dependan orgánicamente del embajador, aunque pueda seguir recibiendo órdenes de los Ministerios de los que procedan.
En aquellas misiones donde se proceda a esta integración, la norma establece que todos los funcionarios tendrán las mismas condiciones de trabajo, en función de su categoría profesional y el puesto que ocupen, en lo relativo a retribuciones, vacaciones y permisos, cobertura sanitaria y asistencia a la escolarización de los hijos, con independencia del departamento del que procedan.
En los pasillos del Ministerio también se escuchan quejas por el "hermetismo" con que el equipo del ministro ha elaborado el texto y la falta de un debate interno en la casa sobre la futura ley. Lo cierto es que antes de García-Margallo, prácticamente todos sus antecesores intentaron sacar adelante una ley para reformar el servicio exterior.
