Vitoria. El nuevo lehendakari puede desayunarse en el cargo la próxima semana con la noticia de la suspensión cautelar del abono de la paga extra navideña a los funcionarios vascos por parte del Tribunal Constitucional. La intención del Gobierno español de recurrir la decisión del Ejecutivo de Patxi López de proceder a este pago ya había sido avanzada por varios ministros, pero ayer fue registrado el conflicto de competencia en el tribunal.

El Gabinete de Mariano Rajoy ha acelerado los trámites para tratar de impedir que llegue a hacerse efectivo el pago a los 67.000 funcionarios de la Administración vasca. Ahora el Constitucional probablemente decidirá en su próximo Pleno -previsto entre el martes y jueves de la semana que viene- sobre la admisión a trámite del recurso, aunque el asunto todavía no se ha incluido en el orden del día. Si el conflicto es aceptado por el tribunal, supondrá la suspensión cautelar del abono de la extra de diciembre. En otras palabras, entre los días 11 y 13 de diciembre, el Constitucional decidirá si los 67.000 funcionarios vascos cobran su paga navideña o esta queda en suspenso, al margen de las intenciones del Gobierno Vasco.

Fuentes del Ejecutivo autonómico citadas por Efe afirmaron que el movimiento del Gabinete Rajoy "es un intento de evitar que se cree un precedente". Desde Lehendakari-tza se mantenía ayer la expectativa, hasta conocer el contenido concreto del escrito del Estado, recordando que el Gobierno español debería solicitar en el conflicto de competencias la suspensión del abono y que, en cualquier caso, no existe "un hecho impugnable" que recurrir, ya que Gasteiz no ha llevado a cabo ningún "acto, decreto o ley" para pagar la extra.

El "protocolo de libramiento" de la paga extra a los funcionarios, es decir, la orden de abono al banco, todavía no se ha efectuado y se realizará diez días antes aproximadamente de que los funcionaros reciban en sus cuentas el ingreso de la extra, que suele ser el día 20 de diciembre, explicaron las mismas fuentes. Pero esto supone que el próximo lunes, más o menos, debería ejecutarse esa orden de abono, coincidiendo prácticamente con las fechas previstas para la reunión del Pleno del Constitucional y con la investidura del nuevo lehendakari, que previsiblemente jurará su cargo el sábado 15.

Según las mismas fuentes, el Gobierno Vasco ha optado por esperar a la decisión del Constitucional de admitir o no a trámite este conflicto para ordenar el pago. De manera que, en función de los momentos en los que se tomen las decisiones a lo largo de la próxima semana, la patata caliente de la paga extra aún podría pasar intacta al nuevo Gobierno Vasco, que salvo sorpresa será presidido por el jeltzale Iñigo Urkullu.

El Ejecutivo en funciones argumentó su decisión de proceder a este pago -en contra del Real Decreto de julio pasado- en el cumplimiento de la legalidad, esgrimiendo informes jurídicos que sostienen que, para suprimir la paga extra, el Parlamento Vasco debería haber aprobado una reforma de la Ley de Presupuestos de 2012.

Sostiene el Gabinete López que, dado que el Legislativo entró en periodo inhábil en julio y fue disuelto a finales de agosto para celebrar las elecciones, no fue posible cumplir este trámite. La perspectiva desde Moncloa es otra. El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro no solo considera que, con la decisión de pagar, el Gobierno Vasco está prevaricando, sino que ha llegado a amenazar con acciones penales a los funcionarios que intervengan en el procedimiento para liberar esta partida de 207 millones de euros.

Si el Constitucional decide admitir a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno de Rajoy, se suspenderá el pago de la extra durante al menos cinco meses, tiempo que tendría el tribunal para ratificar o no la suspensión, a la espera del fallo definitivo sobre el fondo del asunto.

Bizkaia Por su parte, los 4.800 trabajadores de la Diputación Foral de Bizkaia, tanto funcionarios como personal laboral, cobrarán con adelanto las pagas e xtraordinarias de 2013, a principios de enero y julio próximos, como fórmula para compensar la supresión de la extra de Navidad de este año y tal como se aprobó ayer en Juntas Generales. Esta fórmula es similar a la que planteó el Gobierno de Navarra -todavía no se ha decidido su aplicación-.

Al respecto, el Gobierno español está estudiando los casos navarro y extremeño. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmó el pasado lunes que la ley impide este abono y que ante la ley, no caben "subterfugios". "Existe una ley que impide el pago y el Gobierno va a hacer efectivo esa ley. Que le quede claro a todo el mundo", incidió entonces Montoro.