HOY se conocerá cuál ha sido la voluntad de la sociedad catalana, tras una campaña electoral en la que no han faltado juego sucio, apelaciones al miedo y calumnias mediáticas ante la posibilidad de que esa voluntad ciudadana pueda decidir abrir el camino hacia un Estado catalán. Si no se equivocaron las encuestas, tras el recuento de los votos se constatará una amplia mayoría soberanista, lo cual supone, tal como están las cosas, una confrontación frontal con Madrid y una previsible crisis institucional.

El actual debate soberanista que ha marcado la campaña electoral catalana no es nuevo para la sociedad vasca, y lo mejor que podríamos desearles es que sus reivindicaciones justas y mayoritarias no sean menospreciadas por las instituciones españolas como lo fueron las nuestras.

El escenario que dejarán las elecciones catalanas de hoy no será muy diferente del que resultó el 21-O en Euskadi, con una muy amplia mayoría abertzale en el Parlamento de Gasteiz. Y si en España se les han puesto los pelos de punta ante la posibilidad de que la Generalitat y el Parlament activen el camino de la independencia, es muy posible que se les pongan como escarpias cuando cumpliendo su compromiso el próximo lehendakari, Iñigo Urkullu, en su primer encuentro con Rajoy le plantee su proyecto de superar el actual marco jurídico político. Y no se trata de ir al rebufo de Catalunya, sino de un proyecto largamente ansiado y mayoritariamente apoyado.

Como es previsible que se pronuncie la mayoría de la sociedad catalana, también la vasca aspira a la soberanía, o a la independencia, o en cualquier caso a las más altas cotas de autogobierno. El problema es cómo lograrlo, teniendo en cuenta las enormes dificultades que plantea el entramado legal. Lo intentó el lehendakari Juan José Ibarretxe tras un proceso impecablemente democrático, pero la respuesta fue un portazo. Aquel fracaso, no hay que olvidarlo, se produjo en un contexto de violencia armada y un furibundo frente contra el nacionalismo vasco que impregnaba la vida política española y el poder mediático.

Aquel avasallamiento de la voluntad mayoritaria vasca, a la vista está, no debilitó las aspiraciones soberanistas y hay que volver a la carga. Es un camino que habrá que recorrer, teniendo en cuenta que para llegar a algo sólo quedan dos caminos: negociar o echarse al monte, con el mayor de los respetos. Entiendo por echarse al monte pretender la independencia por las armas -estrategia cuyo fracaso ha ido acompañado de un inmenso sufrimiento- o por la vía de la movilización perpetua, o la desobediencia civil, o la declaración unilateral puramente retórica.

Negociar para llegar es la única posibilidad. Negociar en el momento propicio y con habilidad, como se negoció la Disposición Adicional Primera de la Constitución española, por la que se reconocía la aceptación de un hecho diferencial sustanciado en el respeto y amparo de unos Derechos Históricos, preexistentes a la misma Constitución. Se negoció esa Disposición Adicional hasta la extenuación y, aunque no se logró el máximo deseado, se dejó abierto un resquicio para mayores cotas. Y conste que se negoció ese texto cuando el ruido de sables era una amenaza real.

Cuando hablamos de negociar, no se trata sólo de llegar a acuerdos con el Gobierno español sino previamente lograr un consenso sólido entre las distintas sensibilidades con representación política en las instituciones vascas. Hay precedentes de esta negociación en la historia vasca reciente. En 1996 la Mesa de Ajuria Enea aprobó por unanimidad la siguiente declaración: "El Pueblo vasco puede encontrar cauces pacíficos y democráticos para hacer valer los derechos que pudieran corresponderle, toda vez que, en un proceso democrático, la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca, legítimamente expresada, debe encontrar su aplicación en el ordenamiento jurídico vigente en cada momento". Un año más tarde, 1997, Elkarri presentó la denominada Propuesta Izan. En ella, la coordinadora por la paz y el diálogo ofrecía a los partidos vascos un acuerdo basado en la Dispocición Adicional Primera como única referencia constitucional que aborda conjuntamente el ámbito de Nafarroa y la CAV y que se basa en los Derechos Históricos. "La actualización abierta, constructiva y dinámica de este derecho a ser, permite que la voluntad de los ciudadanos pueda ser recogida y plasmada democráticamente", decía la Propuesta Izan.

Se trataría, por tanto, de desarrollar esa Disposición Adicional conforme a la realidad social del actual momento histórico y defender su virtualidad, porque la propia Constitución española ampara y protege los Derechos Históricos de los territorios forales. Por supuesto, esta podría ser una vía hacia la soberanía. Una vía imposible sin el diálogo y el acuerdo. Una vía posible si existiera voluntad política para emprenderla.