Vitoria. Mas aseguró en su intervención que la consulta en Catalunya se hará "con o sin" el Gobierno español. A tenor de la respuesta que ayer mismo ofrecieron fuentes del Ejecutivo Rajoy y del propio PP, el plebiscito que pretende el president del Govern catalán no se hará o, en todo caso, se celebrará sin ese beneplácito del Gobierno español.

Los miembros del Ejecutivo de Madrid se ciñen a la sentencia dictada por el Tribunal Consitucional sobre el Estatut y la que emitió este alto tribunal con respecto al denominado Plan Ibarretxe y la intención del lehendakari de realizar una consulta en la Comunidad Autónoma Vasca.

En la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional sobre el Estatut se establecía que el referéndum es un tipo de consulta "cuya autorización, establecimiento y regulación corresponde únicamente al Estado". Por contra, el Govern catalán solo es competente para autorizar y gestionar "la convocatoria de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular". Las diferencia además es que el referéndum es jurídicamente vinculante y de obligado cumplimiento y no así las consultas populares.

Por otro lado, la Ley de Consultas Populares de Catalunya de 2010 obliga en su artículo 13 a pedir autorización para celebrar un referéndum. Si Mas llegará emitir un decreto convocando el referéndum sin la autorización de Madrid, el Gobierno español dispondría de dos meses para recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Según señalaron ayer a Europa Press fuentes juridícas, en el caso de que Mas firmara ese decreto, la Fiscaía General del Estadio le podría acusar de un delito de prevaricación. Estas fuentes añadieron que en el caso de que el president de la Generalitat insistiese en celebrar un referéndum se le podría acusar de un delito de desobediencia y ser inhabilitado para el ejercicio de la política.

En este sentido, la Asociación Profesional de la Magistratura (AMP) advirtió ayer por boca de su vicepresidenta, Carmen Frigola, que "las autonomías carecen de potestad para convocar legalmente un referéndum, ya que solo el Estado tiene esa potestad y tiene que estar propuesto directamente por el presidente del Gobierno".

consulta de ibarretxe A modo de advertencia, la pasada semana el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, recordó a Artur Mas "lo que pasó con el Plan Ibarretxe". El lehendakari Ibarratxe pergeñó una hoja de ruta en la que, "en ausencia de violencia" se establecía la celebración de una consulta popular en la que se preguntaría a la ciudadanía vasca sobre el "ejercicio del derecho a decidir del publo vasco". Según la Ley 9/2008 del Parlamento Vasco esa consulta estaba prevista su celebración para el 25 de octubre de 2008 y en ella se pregntaría a la sociedadvasca sobre el `proceso del final de la violencia y de negociación entre los partidos políticos sobre el ejercicio del derecho a decidir del publo vasco.

Esta Ley aprobada por mayoría en la Cámara Vasca fue recurrida ante el Tribunal Consitucional por el Gobierno español y el PP y el alto tribunal declaró ilegal la posibilidad de realizar esta consulta.

Según esgrimió en su auto el Tribunal Consititucional, "pese al nombre de consulta esgrimido por el Ejecutivo vasco y el Parlamento de Vitoria, éste no es sino un referéndum, cuya convocatoria, según la Constitución, debe ser autorizada exclusivamente por el Estado".

En su sentencia, el Constitucional recordaba que "la Constitución atribuye al Estado como competencia exclusiva la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum". Asimismo, el alto tribunal analizaba el contenido de la consulta y señalaba que "no es sino la apertura de un procedimiento de reconsideración del orden constituido que habría de concluir, eventualmente, en una nueva relación entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco, por lo que el asunto no puede dejar de afectar al conjunto de los ciudadanos españoles" y añadía que "los proyectos de resvisar el orden constituido deben ajustarse a lo previsto por la Constitución".

próxima legislatura Así, a tenor de estas dos sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, una referente al Estatut y la otra a la consulta que aprobó el Parlamento Vasco, resulta complicado que, tal como quiere el president de la Generalitat, el Gobierno español de su beneplácito para que en la próxima legislatura del Parlamet los ciudadanos catalanes puedan celebrar un referéndum sobre el futuro de Catalunya.