Madrid. La reforma exprés de la Constitución aprobada el verano pasado cumple su primer aniversario entre dudas sobre su efectividad, habida cuenta de que uno de sus objetivos inmediatos era calmar a los mercados de los ataques especulativos a la deuda soberana española, que no han hecho sino intensificarse. Aunque se trata de una modificación profunda para lograr a largo plazo el saneamiento de las cuentas públicas e impedir que se vuelva a disparar el déficit, sea cual sea la coyuntura económica, el PSOE y el PP aprobaron con premura esta reforma para intentar aplacar las incertidumbres sobre la solvencia de España, en un momento de fuertes tensiones financieras.

La Bolsa de Madrid estrenó agosto de 2011 con su mayor caída en trece meses y estaba en el entorno de los 9.500 puntos, mientras la prima de riesgo escaló hasta posiciones inéditas en aquel momento, al superar puntualmente los 400 puntos básicos. Un año después, la Bolsa acaba la semana en 7.310 puntos -aunque ha llegado a caer por debajo de los 6.000 hace unos días- y el diferencial con el bono alemán se sitúa en los 506 puntos, pero ha llegado a los 600.

Tan delicada era la situación hace un año que se convocó un Pleno extraordinario en el Congreso el 23 de agosto para que el entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, informase de las nuevas medidas anticrisis destinadas a reducir el déficit. Zapatero sorprendió cuando durante su intervención emplazó a los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, a que impulsasen una reforma rápida de la Constitución para limitar el déficit público, en línea con lo que estaban planteando otros países de la Unión Europea. Incluso pilló con el pie cambiado al entonces candidato socialista a la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien al día siguiente decidió asumir personalmente las riendas de la negociación con el objetivo de garantizar una flexibilidad suficiente en esta "regla de oro".

El PP recogió el guante por boca de su líder, Mariano Rajoy, ya que la iniciativa daba satisfacción a una exigencia largamente repetida por el entonces principal partido de la oposición. Tres días tardaron en plasmar un acuerdo, que se cerró en la madrugada del 26 de agosto con una propuesta para reformar el artículo 135 de la Constitución de manera que se estableciera una disciplina de equilibrio presupuestario de las administraciones públicas. Pero dejaron su desarrollo para una futura ley orgánica, que en principio debía fijar en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020.

Finalmente contó con el voto en contra de Coalición Canaria y UPyD; los representantes de CiU y PNV decidieron no participar en la votación, y los de ERC, IU, ICV, BNG y Nafarroa Bai llegaron a ausentarse del Pleno mientras se votaba.

Hubo que esperar ocho meses para que el Congreso aprobara después la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en este caso con el respaldo del PP y CiU y la oposición del PSOE, que se sintió engañado porque el texto final recogía un déficit cero para todas las administraciones a partir de 2020 y no del 0,4% pactado. La norma también fija una reducción de la deuda pública al 60% en 2020 y amplía el plazo para reducir el endeudamiento de las comunidades autónomas de ocho a veinte años.

Ni la reforma constitucional ni su plasmación posterior en ley orgánica parecen haber surtido hasta ahora el efecto calmante que se pretendía en los mercados. Habrá que ver si a la larga cumple con el objetivo de mantener las cuentas públicas equilibradas pase lo que pase.