Bilbao. El Gobierno español ha vuelto a poner la lupa sobre el modelo autonómico. Tras adentrarse en terreno vedado impulsando recortes en materias que competen a las comunidades, y tras especular con la devolución de determinadas competencias, el PP ofreció ayer unas pinceladas sobre el proyecto de reforma de la Administración que no contribuirán a calmar los ánimos de aquellos que critican el “afán recentralizador” de los populares. En concreto, tratará de poner fin a eventuales duplicidades clarificando qué competencias corresponden al Estado y cuáles a las comunidades. Sin embargo, el portavoz del PP en el Congreso Alfonso Alonso dejó ver dónde meterá la tijera La Moncloa al colocar todo el peso sobre unos territorios que “han tenido la tentación de convertirse en estados”.

En declaraciones a Europa Press, Alonso fue más allá al opinar que el Estado no puede inhibirse ante esa deriva, sino que debe “ejercer su papel” y “llevar la dirección política y económica del país”. Unas declaraciones que chocan con el mensaje electoral de su partido en la CAV, que ha optado por presentarse a los comicios vascos como el garante del modelo autonómico frente a la “radicalidad” de PNV y Bildu, y frente a un PSE al que ve indeciso.

La propuesta podría dar un nuevo impulso a las medidas recentralizadoras puestas en marcha por el PP desde que accediera a La Moncloa. En este sentido, y después de que el Estado recuperara la competencia del control de los ríos que discurren por más de una comunidad tras el Consejo de Ministros del 4 de mayo, la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, ya avisó de que tan solo era un “anticipo” de lo que estaba por venir.

El PP ha impuesto recortes en sanidad y educación, a pesar de que competan a las comunidades; ha amagado con recuperar las competencias de justicia por boca del fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce; y ha pedido suprimir la paga extra navideña a los funcionarios mediante una ley básica de obligado cumplimiento en todo el Estado. Además, ha apostado por unificar las normas autonómicas de caza en una respuesta parlamentaria a UPyD -la Diputación denunció no haber sido puesta al corriente-, para aclarar después que no habrá ley básica y que delegará en las comunidades la decisión de coordinarse en la materia, según fuentes consultadas por este periódico.

Alonso, por su parte, puso ayer como ejemplo la oferta cursada por el ministro de Asuntos Exteriores a las autonomías para que integren sus oficinas internacionales en la red de embajadas y oficinas comerciales del Estado. “Si el Estado tiene la competencia en representación exterior, que las autonomías no tengan embajadas nos parece lógico porque eso le corresponde hacerlo al Estado, y el dinero se reparte para que cada uno haga su competencia”, dijo.

El gabinete popular ya había ofrecido un anticipo de su actuación nada más comenzar la legislatura. Durante la tramitación de la Ley de Estabilidad, abrió la puerta al control previo de los presupuestos de las comunidades. Se desdijo más tarde pero, en la práctica, está mediatizando la elaboración de las cuentas en los sucesivos consejos de política fiscal y financiera, donde las comunidades cotejan sus planes de gasto con el Ejecutivo estatal para que sea este quien determine si son válidos para alcanzar los objetivos de déficit. Además, el PP ha amagado con aplicar el artículo 155 de la Constitución española que, de facto, supondría una intervención en las comunidades.

Su enfrentamiento con los territorios se ha agudizado en las últimas semanas, tras el plante de Catalunya y Andalucía en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Fue entonces cuando el portavoz del PP en el Senado José Manuel Barreiro -precisamente la cara visible del partido en la Cámara de representación autonómica- dio un golpe sobre la mesa y sentenció que “España es una”.

Parte de la oposición ha interpretado que el PP busca erosionar el modelo autonómico esgrimiendo como pretexto la crisis. A su juicio, el Gobierno español ha extendido la imagen de despilfarro a todos los territorios sin tener en cuenta el estado de su tesorería ni la trayectoria de cada uno, y ha impuesto a todos los mismos recortes. A juicio de buena parte de los partidos, el PP debería dejar que sean las comunidades quienes decidan dónde recortar para cumplir los objetivos de déficit. Lo contrario escondería un propósito recentralizador.