Algeciras. El principio de acuerdo alcanzado ayer entre los pescadores españoles y el gobierno de Gibraltar pone fin de momento a un conflicto que ha durado cuatro meses y que ha salpicado a las relaciones diplomáticas entre España y el Reino Unido.
Los problemas entre los pescadores de la Bahía de Algeciras (Cádiz) y Gibraltar comenzaron a mediados del pasado marzo, cuando la policía gibraltareña empezó a salir al paso de las embarcaciones pesqueras españolas que se aproximaban al Peñón a faenar para advertirles de que estaban infringiendo la ley.
Con ello, tres meses después de ganar las elecciones, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, cumplía su compromiso electoral de anular el acuerdo pesquero de 1999, que, según mantiene, es ilegal porque choca con una ley medioambiental local de 1991.
El gesto se producía después de que el nuevo gobierno español de Mariano Rajoy marcara su posición con respecto a las relaciones con Gibraltar anunciando que daba por muerto el foro tripartito de diálogo, un instrumento por el que España, Reino Unido y Gibraltar se sentaban a dialogar sin entrar en el espinoso asunto de la soberanía de la colonia.
La queja de Margallo El veto a la pesca afecta a 53 barcos de La Línea de la Concepción y 6 de Algeciras, que dan de comer a más de 200 familias.
El 21 de marzo, días después de que se iniciara el conflicto, Fabian Picardo y el alcalde de Algeciras y diputado popular, José Ignacio Landaluce, decidieron establecer una ronda de contactos entre el sector pesquero, los técnicos de medio ambiente y el comisario de la Royal Gibraltar Police para estudiar el asunto.
Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, expresaba la primera queja diplomática a Reino Unido por el bloqueo a los pescadores. En esas fechas los pescadores comenzaron a evitar pescar en el caladero del conflicto, aunque los que lo intentaban eran rápidamente expulsados por la Policía gibraltareña. Tras cinco reuniones con los representantes de Gibraltar, el sector pesquero español decidió romper las negociaciones el 15 de mayo ante las exigencias y la inmovilidad de la colonia británica, y seguros de que sus artes y su actividad están amparadas por la legislación comunitaria. Asimismo pidieron al Gobierno español que les defendiera y les protegiera, decididos ya a regresar a pescar al lugar en el que históricamente lo habían hecho.
Pero no fue más que el principio del recrudecimiento del conflicto. La Reina Sofía suspendió su viaje a Londres para celebrar el Jubileo de la Reina Isabel II, como parte de la queja diplomática española. En la noche del jueves 17 de mayo se produjeron los primeros incidentes serios con las embarcaciones pesqueras de Algeciras. Seis barcos acudieron a faenar en la zona de la bocana del puerto de Gibraltar, donde fueron hostigados por la Royal Gibraltar Police, lo que hizo que la Guardia Civil acudiera a proteger a las embarcaciones que, finalmente, decidieron abandonar la zona.
Cadena de incidentes Se trataba del primero de un rosario de incidentes, en los que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil escoltó a los pescadores que decidían desafiar la legislación gibraltareña, y la Royal Navy apoyaba a la RGP.
La tensión se trasladó también a la Verja, donde la intensificación de los controles de la Guardia Civil provocó colas kilométricas. El conflicto pesquero volvía a poner sobre la mesa el espinoso litigio sobre la soberanía de las aguas que rodean el Peñón. España mantiene que el Tratado de Utrecht (1713) no cedió las aguas, solo la entrada al puerto, mientras que Fabian Picardo dice que aquel acuerdo no recogía este asunto porque entonces regía la ley del cañonazo, que daba a la costa el espacio marítimo que podía alcanzar una bala. A su vez, ha insistido en retar a España a llevar el asunto a los tribunales internacionales.
