ELGobierno español consiguió la semana pasada que no se hablara de suacuciante situación financiera, de la escasa credibilidad que transmitehacia el exterior, de la elevada prima de riesgo o de los enésimosrecortes impuestos desde el Banco Central Europeo. Todo ello quedóaparcado gracias al anuncio de una nueva reforma: la electoral. Laspersonas que tuvieron que salir de Euskadi por la amenaza de ETA podránvotar en las elecciones autonómicas, aunque no llegarán a tiempo parahacerlo en la próxima cita con las urnas, tal y como adelantó esteperiódico. Tras varios meses de amagos, el ministro del Interior, JorgeFernández Díaz, presentó el miércoles la hoja de ruta que servirá debase al Gobierno Rajoy para reparar una situación que, según asegura,es de "justicia".

Bastará, según elPP, con acreditar cinco años de residencia en el País Vasco conposterioridad al 15 de junio de 1977 -fecha de las primeras eleccionesdemocráticas-, y realizar una declaración en la que se atestigüe undesplazamiento por la presión de la violencia de ETA. Más allá de lasdudas jurídico-políticas que plantea esta medida, así como de su encajelegal, la lista de interrogantes alrededor de la misma parece no tenerfin. ¿Cómo se confecciona un censo de exiliados? ¿Cómo se puede probarque se ha abandonado Euskadi por la presión de ETA? ¿Atenta esta medidacontra la igualdad del derecho al voto? ¿Cuántas generaciones podríanvotar? ¿Tiene el Parlamento Vasco algo que decir sobre esta reforma?

Enlo único que coinciden los expertos consultados es en que el PP está enposición de hacer y deshacer a su antojo gracias a su mayoría absolutaen el Congreso. "Sin embargo, los impulsores de esta medida son unaclarísima minoría en Euskadi. Hay gente que se ha marchado por amenazasde ETA, como también hay vascos que se han marchado por amenazas delEstado español. Es una medida totalmente escorada hacia un lado",explica Paco Letamendia, profesor de Ciencias Políticas de la UPV/EHU,que percibe en esta iniciativa una estrategia del Gobierno español paraalterar artificialmente el censo electoral vasco. "Distorsionatotalmente la realidad de este país, como ya se hizo en los años 20 enIrlanda del norte. Estoy seguro de que esta reforma va a ser utilizadapara defender el voto de una serie de funcionarios del Estado a los quesolo se les exigirá haber vivido aquí de manera regular durante cincoaños. Es algo absolutamente incomprensible que carece de legitimidadalguna", considera.

Sin margen en Gasteiz

Ley básica del Estado español

Pesea que en el PP recalcan que la medida es viable técnica, jurídica yconstitucionalmente -como así lo han avalado una veintena de expertosconsultados por el Gobierno-, lo cierto es que nadie ha concretado elrecorrido que tendrá esta propuesta sobre el papel. Hasta la fecha, lasexplicaciones se han limitado a decir que legislar esta reformaconllevaría la creación de un artículo 33 bis en la Ley Orgánica delRégimen Electoral General (LOREG). En la práctica, se trata de una leybásica del Estado que regula totalmente algunas elecciones -es el casode los comicios al Parlamento Europeo, las elecciones al Congreso y elSenado, y las municipales- y otras de manera parcial -las autonómicas ya las Juntas Generales, en el caso de la CAV, que aunque tiene supropia ley electoral tendría que acatar las modificaciones de la LOREGrespecto al censo-.

Una vezmodificado el artículo 33, el cambio repercutiría en todas laselecciones que se celebren en la CAV. Al tratarse de una ley orgánica,esta modificación no podría hacerse por decreto ley, por lo que habríaque seguir el procedimiento habitual. Es decir, el Gobierno traslada lainiciativa al Consejo de Estado, que emitiría un dictamen sobre laviabilidad de la reforma, aunque sus conclusiones no seríanvinculantes. De ahí pasaría al Congreso, se discutiría en comisión yluego en pleno, y después llegaría al Senado, donde el PP goza tambiénde mayoría absoluta. El último paso para tramitar esta ley sería supublicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En cualquier caso, los popularestambién podrían echar mano de los instrumentos de urgencia que tienen asu alcance para tramitar la propuesta por la vía rápida, y agilizarlosgracias a su mayoría absoluta. En definitiva, si el Gobierno quiere,tiene mecanismos para hacerlo, aunque sería la primera vez que semodifica la Ley Electoral sin un consenso amplio.

Falta de concreción y consenso

Dudas sobre su encaje legal

Porla vía de la reforma o agilizando los tramites, lo cierto es que lasdudas de los expertos en cuanto a la viabilidad jurídica de la medidano terminan aquí. "Esta modificación tiene un difícil encaje jurídicoen cuanto a su delimitación ya que puede provocar sospechas en cuanto asu instrumentalización debido a una casuística muy amplia que no estábien definida. Eso puede generar dificultades interpretativas quederivan en una serie de riesgos. Además, afecta a un principio clave encualquier comicio electoral como es la seguridad jurídica", consideraJoaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD). Esa faltade concreción unido al deficitario consenso que ha generado estareforma entre los partidos políticos vascos lleva al portavoz de JpD a"entender" a las voces que dudan de la constitucionalidad de la reforma.

Dehecho, a modo de ejemplo, un Guardia Civil o un Policía españoldestinado en la CAV o Nafarroa durante cinco años que realice unadeclaración jurada de que se marchó amenazado por ETA podría votar enlas elecciones vascas. "El problema de esta propuesta que se plantea esque es muy singular y engloba casuísticas muy especiales, como esta.Veo muchas dificultades de acotar quién tendría ese derecho justo, perose tendría que delimitar de una manera que no está en la propuesta.Creo que se pretende hacer una propuesta tan amplia que puede generarriesgos de inseguridad jurídica muy importantes, y esta inseguridad esla que puede provocar dudas en cuanto a la reforma", explica elmagistrado, cuyas vacilaciones no terminan aquí.

De hecho, advierte de que la reforma electoral para que los exiliadospuedan votar afectaría a las "reglas del juego de una sociedaddemocrática", por lo que emplaza al Gobierno español a buscar a supropuesta un gran consenso entre todos los partidos. "Entendemos que nose debiera aprobar de manera unilateral sino con el consenso de lasfuerzas políticas implicadas. Si de lo que se trata es de garantizarderechos justos no puede hacerse en clave partidista sino buscando unoscriterios generales que puedan aplicarse sin generar dudas. Encualquier caso, desde Jueces para la Democracia vemos dudas serias deque el encaje jurídico sea posible y desde luego, con las propuestasque hemos escuchado, entendemos que haya importantes dudas deconstitucionalidad", concluye.

Segúnlos expertos, el consenso entre formaciones puede ser otra de lasclaves para sacar adelante una reforma sin la necesidad de aplicar elrodillo parlamentario. Sin embargo, hasta la fecha, solamente UPyDparece ver con buenos ojos la propuesta de modificar el censo electoralal considerar que acabaría con la "anomalía democrática" que, a sujuicio, existe en Euskadi.

A faltade un pronunciamiento oficial del lehendakari sobre este proyecto, laportavoz del Gobierno vasco Idoia Mendia se desmarcó de esta medida alconsiderar que es inoportuna y "alimenta victimismos". El PNV y laizquierda aber-tzale también han dejado claro que no están por la laborde apoyar esta reivindicación histórica de las víctimas de ETA, que enel caso de los jeltzales han llegado a calificar de "pucherazo".

Lacandidata a lehendakari de EH Bildu Laura Mintegi, por su parte,aseguró que el verdadero objetivo de la reforma es "subvertir laopinión natural de la población del País Vasco" mientras que desdeEzker Anitza-IU, su portavoz Mikel Arana, percibe en la reforma uninterés electoral manifiesto.