madrid. En los siete meses que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy lleva en su cargo, ya son 23 los decretos ley que el ejecutivo ha empleado para plasmar sus reformas y ajustes de una manera más ágil y fácil que si de una ley ordinaria se tratase. Y es que desde que arrancó la X Legislatura, la estadística de la actividad legislativa de la Cámara baja demuestra un "abuso" de la fórmula del decreto ley frente al empleo de leyes ordinarias.
Esta norma, que tiene rango de ley, entra en vigor por motivos de urgente necesidad y después tiene que ser convalidada en el Parlamento, aunque en un tiempo menor que el que dura la aprobación de una ley ordinaria. Con esto Rajoy, valiéndose de la mayoría absoluta de su partido en el Congreso, ha podido aplicar sus medidas aun a pesar de tener la oposición y el rechazo del resto de grupos parlamentarios.
Nada más hacerse con el cargo, a finales de 2011, el Gobierno del PP ya aprobó su primer decreto ley, con el que puso en marcha un primer ajuste de 15.000 millones de euros y que se convalidó en 2012. A comienzos del 2012 el Ejecutivo suspendió los incentivos económicos para las nuevas plantas de energías renovables siguiéndole normas del mismo rango para el saneamiento del sector financiero o la reforma laboral.
El último fue convalidado por el pleno del Congreso el pasado martes 24, referido a las medidas que a lo largo del próximo año van a permitir la liberalización del transporte ferroviario en España.
En este contexto el balance del primer periodo de sesiones de la legislatura muestra que de los 23 decretos ley que han visto la luz, se convalidaron sin cambios dieciséis, otros siete fueron tramitados como proyectos de ley, permitiendo la introducción de enmiendas de los grupos y además hubo otras cinco leyes tramitadas por el procedimiento ordinario.
Las normas tramitadas como proyectos de ley procedían de decretos leyes previamente convalidados por el pleno a los que en su momento la Cámara decidió darles la posibilidad de modificar con enmiendas. Estos fueron la reforma laboral, el decreto que regula la mediación en asuntos civiles y mercantiles, el decreto ley de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, el referido a la simplificación de obligaciones de información y de fusiones y escisiones de sociedades de capital, el dedicado a medidas urgentes en materia de medio ambiente, el del saneamiento y venta de activos inmobiliarios y financieros y las medidas urgentes de liberalización de comercios.
Por otro lado las cinco leyes que se tramitaron fuera de ese procedimiento urgente fueron, cuatro estrictamente económicas y una quinta referida al modelo de las televisiones autonómicas. En concreto fueron, el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2012, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y la Ley Orgánica complementaria, la ley que autoriza la ratificación por España el Tratado de Estabilidad (llamado Pacto Fiscal Europeo) y la reforma de la Ley de Comunicación que da vía libre a la privatización de las televisiones autonómicas.
controvertido decreto Pero sin duda, el debate de mayor calado durante este periodo parlamentario, se produjo el pasado 19 de julio, cuando el pleno del Congreso, con la mayoría absoluta del PP, convalidó el decreto ley con los últimos ajustes para reducir el déficit público. Así, la subida del IVA, la supresión de la paga de Navidad a los funcionarios o la bajada de las prestaciones por desempleo se incluían en una norma respaldada únicamente por los populares.
Además, ese mismo día, la Cámara dio luz verde también al decreto ley que incorporaba las medidas para dar liquidez a las Administraciones Públicas y en el ámbito financiero, convalidado, al igual que el decreto de los ajustes, sin cambios sobre el texto original.
Para garantizar el pago de las deudas contraídas por los ayuntamientos y comunidades con los proveedores, el Gobierno recurrió igualmente a la vía del decreto ley. Siguieron el mismo camino otras reformas legislativas como las medidas urgentes para la protección de deudores hipotecarios sin recursos o, en otro ámbito bien distinto, el pago de ayudas a los afectados por el terremoto de Lorca
Por su parte la labor legislativa que el Congreso ha llevado a cabo durante estos siete meses se ha basado en debatir las decisiones adoptadas por el Gobierno de Rajoy.