El PSE, PNV, Ezker Anitza-IU y los tres parlamentarios expulsados por Aralar han acordado, a través de enmienda, que se habilite al Gobierno Vasco para ejecutar todas las políticas públicas necesarias para el reconocimiento y la reparación de las víctimas. Con este objetivo, el Ejecutivo podría dictar todas las normas que "sean imprescindibles" en esta materia. Así, han registrado varias enmiendas a la Proposición de Ley del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.