madrid. Las protestas de los funcionarios públicos, -administrativos, maestros, bomberos, médicos y policías ya se han echado a la calle para expresar su malestar contra los recortes del Gobierno- adelantan la probable convocatoria de una huelga general en el Estado español antes de fin de año, tal y como pronosticaron ayer varios dirigentes tanto de UGT como de CCOO y otras sindicatos.

Mientras los recortes de salarios para los funcionarios son obligaciones, el ajuste de las retribuciones salariales de los directivos de las empresas del Ibex son solo "recomendaciones", según pidió ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos. Si además algunas de estas grandes empresas mantienen salarios multimillonarios, y crecientes para sus directivos pese a estar en pérdidas o renegociando los créditos con algunos de los bancos que reciben ayudas financieras, se puede entender el malestar de amplias capas de población que consideran que el esfuerzo incide, sobre todo, en las clases medias y bajas.

El presidente del Gobiernol, Mariano Rajoy, empieza a sentir la presión de la calle. Las protestas, muchas espontáneas, contra los nuevos recortes de su Ejecutivo han ido en aumento desde que anunciara el miércoles pasado en el Congreso de los Diputados el mayor plan de ajuste en la historia de la democracia española, cifrado en 65.000 millones de euros, que los ciudadanos tendrán que afrontar por vía de pagar más impuestos y recibir a cambio menos prestaciones sociales.

La movilización, como se vio ayer en Madrid, crece y amenaza con seguir haciéndolo pues los sindicatos dan cada vez más señales de una nueva convocatoria de huelga general que podría llegar en septiembre. Para un Gobierno que oculta, o por lo menos lo intenta, los detalles del ajuste a sus propios ciudadanos, un conflicto en la calle confirmaría a los ojos de la opinión pública internacional que España está intervenida y que su política económica se decide en Bruselas y no en Madrid. Y la cosa es grave pues, según el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, España no recuperaría la situación económica y el nivel de empleo de 2007 hasta 2025, "en el mejor de los casos", y siempre que se crearan 300.000 puestos de trabajo netos anuales desde 2014. Peña resaltó que la existencia en el Estado de 450.000 jóvenes menores de 29 años que ni estudian, ni trabajan, -la generación ni-ni-, es "una verdadera bomba de relojería al lado de nuestras puertas de casa".

Manifestaciones La capital española volvió ayer a ser escenario por quinto día consecutivo de varias protestas lideradas por los funcionarios, a los que el Gobierno del PP ha recortado salarios en un 7% y días de vacaciones, amén, según dichos colectivos laborales, de "culpabilizarles" de una crisis desatada, afirman, por una mayoría de una clase política manirrota y una banca avariciosa e irresponsable que financió hasta límites fuera de toda prudencia un crecimiento basado en una construcción sin freno.

Los trabajadores públicos han canalizado el descontento de una ciudadanía que lleva ya dos años sufriendo las consecuencias de los recortes impuestos desde la UE para frenar el déficit público. Entre los funcionarios que se manifiestan también policías fuera de servicio que alientan a los agentes desplegados en Madrid a unirse a ellos en las protestas. "¡Compañero, date la vuelta!", gritaron ayer algunos cerca de un blindado en el Congreso de los Diputados. Hasta los militares muestran su irritación con la situación aunque con un espíritu alejado del temido ruido de sables de hace 30 años.

"Yo no renuncio a la huelga porque la sociedad tiene derecho a la autodefensa. Si el Gobierno lo fuerza y obliga a ello, y me temo que lo está haciendo, será inevitable que se produzca", afirmó ayer Ignacio Fernández Toxo, líder de CCOO.

Por su parte, UGT indicó que las medidas de ajuste suponen una nueva "vuelta de tuerca" en su estrategia de desmantelamiento económico y social. En un informe, UGT ha subrayado que implicarán más paro, mayores niveles de pobreza y menos cohesión social, así como una pérdida de los derechos sociales y laborales.