Vitoria. Los ecos de la sentencia unánime con la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbó el pasado martes la doctrina Parot siguieron ayer dejándose oír en un panorama marcado por las voces que exigen su inmediata aplicación, y un Gobierno español que, mientras digiere este golpe, aún trata de mantenerse aferrado a toda costa a la insumisión.

Sin embargo, en este contexto, la plataforma en defensa de los derechos de los presos Herrira quiso hacer una lectura positiva instando al Gabinete Rajoy a no ver esta situación como un problema, sino como "una oportunidad" para "iniciar su andadura hacia la paz" desactivando progresivamente las "medidas excepcionales" con las que el Estado había ido construyendo una empalizada tras la que protegerse de la actividad de ETA. Desaparecida la amenaza violenta de esta organización, es el momento de abordar "una regeneración de la democracia y una profundización en los derechos humanos", dijo el profesor de la UPV Paco Letamendia. Y en este sentido, insistió Herrira, Rajoy tiene ahora "una oportunidad incomparable" para dar "pasos en positivo comprometiéndose con las vías democráticas para alcanzar la solución y la paz", toda vez que ha quedado demostrado que "las medidas de sometimiento son incompatibles con las soluciones y, en vías de resolución del conflicto, es irrefutable el compromiso de todas las partes con el respeto de todos los derechos".

Excarcelación inmediata Más allá de que su llamada pueda hallar respuesta en el contexto del proceso, la plataforma subrayó que, lo que no permite ninguna duda es que el "paso lógico" inmediato debería ser derogar la doctrina y poner en libertad a los reclusos afectados. No hacerlo sería una "agresión irracional al proceso de paz", dijo EA uniendo ambos asuntos.

En esta linea, el Ararteko instó al Gobierno a "aplicar de inmediato" los efectos de un fallo que España "está obligada a cumplir", si no quiere ver dañada su "credibilidad y legitimidad" democrática soportando "sucesivas condenas" según se resuelvan los recursos, lo que compartió Jueces para la Democracia, que vio el fallo "vinculante" y advirtió a Interior de que no puede decidir lo que deben hacer los jueces.

Sin embargo, el ministro del ramo, Jorge Fernández, optó por seguir aferrado al recurso presentado y a la duda de si efectivamente es vinculante o no para seguir negándose a cumplir una decisión de Estrasburgo que, desnudando su indignación, calificó sin ambages de "escarnio" y "ofensa" para España, por lo que prometió seguir plantándole cara.